“Aquí ya estamos hablando de una condena”, sostuvo Carlos Mesa en una conferencia de prensa que brindó en la plaza Murillo de La Paz. El exmandatario dijo que no confía en la justicia boliviana y que no sería raro que, hasta fin de agosto, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) apruebe el juicio en su contra.

Según Guerrero, tras la presentación de la proposición acusatoria, la sala plena del TSJ, previa consulta, debe remitirlo al pleno de la ALP para que esta instancia autorice el juicio en contra del expresidente Carlos Mesa por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

“Habiéndose determinado en mérito a los antecedentes acumulados, la existencia de materia justiciable y tipicidad en el contenido de la proposición acusatoria (…) se emite el requerimiento acusatorio”, señala el requerimiento de 90 páginas presentado por Guerrero.

Según el jurista Henry Pinto, no existe un plazo perentorio para que la ALP apruebe o rechace el juzgamiento al exmandatario, pero estima que en unas semanas se tendrá una respuesta.

Para Mesa, la determinación de la Fiscalía confirma lo que está viviendo Bolivia en su democracia: “La criminalización de la política a través del mecanismo que sustituye a la dictadura de botas, tanques y ametralladoras por la persecución judicial a título de investigación”. Reiteró en varias oportunidades que no se siente acusado sino acusador de la mala defensa de la Procuraduría General del Estado, en el caso Quiborax.

En la proposición acusatoria también están contemplados los exministros de Desarrollo Sostenible, Gustavo Pedraza Mérida; de Minería e Hidrocarburos, Freddy Gustavo Escobar Rosas, y de Trabajo, Luis Antonio Martín Fernández Fagalde.

Sin embargo, Mesa aseguró que figuras clave como la exsubprocuradora Carmina Llorenti y el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé no brindaron declaraciones que eran importantes para la etapa previa de presentación de pruebas.

Añadió que el Gobierno armó toda una estructura para eliminarlo como persona y como posible candidato al ver que estaba bien posesionado en las encuestas. Citó que se lo incluyó en el caso de los misiles chinos, Odebrecht y Quiborax para asegurarse de llevarlo a juicio.

En ese sentido, el exmandatario señaló que actuaría de manera activa en la defensa del 21F porque no caería en el juego electoral del Gobierno. Convocó a la población a defender de manera “militante” los resultados de esa contienda electoral.

42,6 millones de dólares es lo que Bolivia tuvo que pagar a la empresa Quiborax después de perder un arbitraje internacional en la Ciadi.

VE “CRIMINALIZACIÓN POLÍTICA” EN BOLIVIA

El expresidente de Bolivia Carlos Mesa consideró que la decisión del fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, confirma que en Bolivia se vive una “criminalización de la política” que sustituye a la dictadura y que el sistema judicial es un “instrumento del poder político”.

DATOS

Se pagó $us 625 la hora para defensa del caso. El Gobierno dispuso el pago referencial de 625 dólares la hora para la contratación del consorcio de abogados que defendería a Bolivia en el caso Quiborax, que fue adjudicado a la firma internacional Dechert LLP, según el Documento Base de Contratación (BDP) publicado en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes).

La contratación de bufetes es secreta. El Decreto Supremo 2698, del 9 de marzo de 2016, promulgado por el presidente Evo Morales, guarda en secreto las contrataciones de bufetes de abogados realizadas por la Procuraduría General del Estado, además de que exime a dicha institución de presentar su rendición de cuentas.

ANÁLISIS

Henry Pinto. Jurista

“El Fiscal General del Estado no actúa con objetividad”

Es fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, ha dado señales de que no ha actuado con la debida objetividad que requiere el Ministerio Público.

Particularmente creo yo que hechos tan antiguos deberían haber prescripto, pero se maneja el criterio de que al haber daño económico, es imprescriptible.

El daño económico se genera después del proceso arbitral que pierde Bolivia. En realidad han habido responsables concretos que han manejado ese procedimiento; concretamente gente de la Procuraduría. Por ende, ellos también deberían ser procesados, para distribuir responsabilidades entre los que causan el conflicto y los que no han tenido la capacidad de resolver el conflicto.

Esto en realidad tiene un contenido mucho más político que jurídico. No sé qué tipo penal querrán aplicar, pero esto tiene más tinte político. La conducta antieconómica se generó después del arbitraje.