Concluye la semana más conflictiva del Gobierno de Luis Arce, con el paro más largo que Santa Cruz ha tenido desde los 21 días de 2019, con regiones movilizadas a su manera en distintos grados y un conflicto por el rechazo a la Ley 1386 y otras normas polémicas; una situación que aún no ve el final del túnel.

Un atisbo de diálogo parece asomar ente el sector de los gremiales y el Gobierno, lo que debe observarse con buenos ojos, porque de eso se trata: de encontrar soluciones a las diferencias en la mesa del diálogo y no en los enfrentamientos violentos.

Sin embargo, es importante anotar que el sector gremial es solo uno de los actores del conflicto que también tiene movilizados a transportistas urbanos, el transporte pesado, y algunos comités cívicos del país.

La lógica del “divide y vencerás” podría estar ejecutándose en esos diálogos reservados entre la dirigencia gremial y el interlocutor no identificado del Gobierno, como dijo el principal dirigente del sector, y ese proceso podría conducir a desactivar a uno de los protagonistas, ciertamente de los principales, de estos días.

En paralelo, el Gobierno ha venido dando muestras de reafirmarse en su posición, con llamados que hicieron el propio presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca a sus aliados para prepararse para defender la democracia y a su gobierno.

En el terreno discursivo, es usual que los políticos utilicen expresiones maximalistas que tienden a llegar al lugar donde se mueven las mayores emociones del ser humano; por eso no resulta extraño que se diga que la democracia está en riesgo o que se busque un “segundo golpe de Estado”. El caso es que en estas movilizaciones nadie quiere poner en riesgo la democracia ni mucho menos buscar la renuncia o la salida del presidente Arce. Nada más alejado de la verdad. Se trata, en rigor, de movilizaciones que buscan la abrogación o cuando menos la modificación de algunos artículos de la cuestionada ley 1386.

Si bien es cierto que en el camino los sectores movilizados han sumado otras demandas, como el rechazo a otros proyectos de ley y la reposición del requisito de los dos tercios de la Asamblea Legislativa para la aprobación de leyes, el motivo principal de la protesta radica en la Ley de Ganancias Ilícitas.

En esas condiciones, vendría bien que los voceros de las partes en conflicto le bajaran unos puntos al volumen y la radicalidad de sus expresiones. Ni los llamados a supuestos “soldados de la revolución” que hizo Evo Morales en referencia a los cocaleros, ni los excesos discursivos llenos de adjetivos del presidente del Comité Cívico cruceño le harán bien al momento delicado que vive el país.

Que se sepa, los únicos soldados que la Constitución reconoce son los de las Fuerzas Armadas; cualquier otro “soldado”, por poética que resulte su denominación, es irregular y está al margen de la ley y Morales debiera entender que ni milicias armadas, con las que él sueña, ni sus pretendidos “soldados de la revolución”, están permitidos en un país mientras se rija por las leyes de la democracia.

El país necesita serenarse, pero para eso los actores enfrentados deben sentarse en los extremos de una mesa para iniciar procesos de diálogo; el gobierno de Luis Arce apenas lleva un año en el poder y le quedan cuatro, pero hasta ahora no ha mostrado una vocación dialogal; es hora de que lo haga, antes de que la sangre llegue al río.