El régimen Morales/Arce, o Arce/Morales es adicto a la mentira política. El orden de los factores no altera el producto autoritario, violento, mentiroso y grotesco que aplican sobre la sociedad boliviana.

Con su deriva dictatorial están matando la democracia que conquistamos en 1982 y de la que se sirvieron para llegar al poder político y luego empezar a desmantelarla. Era “la línea dada por Fidel y Hugo”, en 2006, Morales dixit. Vulneran el derecho a la disidencia democrática y a la libertad de expresión castigada hoy, como en los 14 años del ex, Evo Morales, vía la criminalización de la política, la politización de la justicia y las amenazas sin derecho a una defensa justa e imparcial.

Gozan de un formidable aparato de prensa y propaganda, aupado por solícitos expertos caribeños-bolivarianos para limpiarle la cara a Morales, luego del fraude de 2019 y para asfaltarle el camino de retorno al poder. No importan las formas. Hay que imponer la falacia de que Morales fue víctima de un golpe de Estado y que el gobierno interino de Jeanine Añez Chávez fue “de facto” e inconstitucional, para poder volver al vicio más antiguo: el régimen Morales-García Linera. Hay otras posibilidades, todas aberrantes contra el sistema democrático. Asumo que el presidente formal, Luis Arce, no tendría problemas ante ninguna ya que ha asumido el papel de fiel miembro de la estructura política que llevará a Bolivia al socialismo. No parece un títere, sino un convencido militante, o intelectual orgánico gramsciano que repite discursos aprendidos de la prédica cubana.

Las mentiras del coro oficialista, de los gobiernos populistas y afines machacan con el golpe, niegan el fraude y olvidan que Morales renunció y luego huyó en un avión a México. La OEA, que hizo auditoría de las elecciones 2019, ratifica que hubo “Manipulación dolosa", irregularidades en la cadena de custodia, en actas adulteradas, “parcialidad de la autoridad electoral” y alteración de “la voluntad expresada en las urnas”. Por tanto, ha cerrado el caso. Empero, el embajador boliviano ante ese organismo monta, en su sede, un esperpento mediático para justificar la mentira y, tozudamente antidemocrático, se abstiene de votar a favor una resolución del Consejo Permanente, que pide la liberación inmediata de candidatos presidenciales y presos políticos en Nicaragua. La moción ganó con 26 votos. Hubo 7 abstenciones, entre ellas las de Bolivia, Argentina, México.

Los mentirosos afirman que la expresidenta constitucional interina, Jeanine Áñez Chávez, es terrorista y sediciosa, sin presentar pruebas. Es una presa política en situación de fragilidad dado su estado de salud física y emocional, tras casi ocho meses de injusta detención preventiva, en condiciones que no son las que el régimen transmitió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos afín a los populistas, desde Paulo Abreu. Tan afín, que su sucesora negó medidas cautelares a favor de Jeanine Áñez. Todo el patriarcado, mujeres incluidas, contra ella.

La mentira se nutre otra vez de inventos magnicidas. La primera vez fue como tragedia, cuando Morales denunció en Venezuela, ante Hugo Chávez y Fidel Castro, en abril 2009, que tres terroristas extranjeros intentaron asesinarlo. Fueron ejecutados extrajudicialmente. La segunda vez el magnicidio se convierte en farsa —lo escribió Marx— contra Luis Arce, antes de asumir su mandato, en octubre 2020. Ahí anda él, paralogizado en su mentira.

Otra falacia es esa que, de no aprobarse la Ley 1386 Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo, Bolivia tendrá problemas internacionales, aunque se atente contra la libertad/dignidad/privacidad de la ciudadanía, vía el control social policíaco, como en la película alemana La vida de los otros. Sin embargo, la creación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se remonta a 1989, hace 33 años, en la Cumbre del G-7 en París, ante el creciente lavado de dinero, con recomendaciones revisadas periódicamente.

En Bolivia, las ganancias ilícitas están en la cadena coca-cocaína del crimen transnacional organizado en el Chapare, santuario de Morales, sede de los cocaleros, y en las 7.700 hectáreas de hoja de coca legalizadas por la Ley General de la Coca, en 2017, y antes: excedentarias. En realidad, ilegales: 95% de esa hoja va el narcotráfico pues no es apta para el masticado.

Es ahí, y en los sobreprecios de los elefantes blancos, en la corrupción de los aparatos del Estado y en el Gobierno donde deben buscar ganancias ilícitas, no en los bolsillos de la gente común, tampoco en el capitalismo popular. Es decir, gremialistas, transportistas, mineros cooperativistas medianos, pequeños, y también cuentapropistas unipersonales pobres y muy pobres: supuestamente su base social. Son los informales, no solo porque no pagan impuestos, sino porque la informalidad es una estrategia de supervivencia ante la incapacidad del Estado de brindar empleo seguro, salario digno y cobertura social. Por eso rechazan sin titubeos, la ley de marras.

Convengamos que la única razón que guía a Morales y a los suyos es el poder de dominación para desterrar el sistema democrático como convivencia entre diferentes y equilibrio de podres.

De la sociedad boliviana depende que un Estado social y democrático de derecho, siempre perfectible, siga vivo.

La autora es analista política