Medio: La Razón
Fecha de la publicación: lunes 09 de julio de 2018
Categoría: Debate sobre las democracias
Subcategoría: Democracia representativa
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El fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, validó este lues la proposición acusatoria planteada por la Procuraduría del Estado en contra del expresidente Carlos Mesa por el caso Quiborax y así dio luz verde a que avance el proceso para su enjuiciamiento por el caso Quiborax, que le causó al Estado una pérdida de $us 42,6 millones por pago de una indemnización.
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“Este requerimiento acusatorio contra el expresidente Carlos Mesa es por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes; incumplimiento de deberes y conducta antieconómica”, anunció Guerrero en una conferencia de prensa que dictó minutos antes de las 17.00, tras que la Fiscalía presentara la proposición acusatoria ante la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en Sucre.
Según procedimiento, la Sala Penal deberá poner en consideración de sala plena esta propuesta para decidir en esa instancia su envío a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), que finalmente será la que autorice o no la apertuira de un juicio de responsabilidades contra el exmandatario. En el caso de los tres ministros de su gestión, esto no gozan de caso de corte.
Guerrero precisó que, antes de tomar esta determinación, el Ministerio Público hizo la “acumulación de antecedentes”, entre ellos documentación y las declaraciones de los involucrados en el caso, como exministros de su gobierno y el mismo Mesa, quien, según recordó, no respondió al cuestionario de 20 preguntas que preparó su despacho y solo se remitió a los fundamentos de tres memoriales que presentó anteriormente.
La aprobación del inicio de un juicio de responsabilidades depende de la ALP, que está dominada por el gobiernista Movimiento Al Socialismo (MAS), cuyas autoridades han centrado toda su artillería para culpar al exmandatario por la pérdida del arbitraje que concluyó con el pago de una indemnización de $us 42,6 millones a la transnacional.
De acuerdo con el articulado 184 de la Constitución Política del Estado (CPE) referido a las atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), esa repartición judicial es la única instancia facultada para enjuiciar a los presidentes y vicepresidentes del Estado. En este caso la Fiscalía General se encarga de llevar adelante las investigaciones.
“El juicio se llevará a cabo previa autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional, por decisión de al menos dos tercios de los miembros presentes, y a requerimiento fundado de la Fiscal o del Fiscal General del Estado, quien formulará acusación si estima que la investigación proporcionó fundamento para el enjuiciamiento. El proceso será oral, público, continuo e ininterrumpido”, se lee en el numeral cuatro del artículo citado.
La Ley 044 de juzgamiento de altas autoridades, establece que en caso de existir materia justiciable, el Fiscal General, requerirá ante el TSJ el enjuiciamiento,requerimiento que previa consulta a su Sala Penal, será remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional, pidiendo su autorización para el inicio de un juicio de responsabilidades.La Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado conocerá el requerimiento acusatorio e informará al Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional a efectos de la autorización legislativa.
Sin ningún efecto, Mesa presentó seis memoriales para que Guerrero rechace la proposición acusatoria de la Procuraduría en su contra.
El exmandatario inclusive argumentó la prescripción del caso que derivó en un fallo en contra del país en el largo arbitraje instalado por Quiborax en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), del Banco Mundial.
Todo por la “irregular” reversión que habría realizado Mesa en 2004 de las concesiones de yacimientos de ulexita en el salar de Uyuni entregadas a la transnacional chilena.
Horas antes de conocerse la postura de la Fiscalía, el expresidente enumeró seis “graves hechos” con los que nuevamente apuntó al Gobierno como responsable del laudo y la pérdida del arbitraje con un fin político para, aseguró, afectarlo.
A juicio del exmandatario, “el gobierno de (Evo) Morales hizo todo lo posible para perder el arbitraje y cumplir así su objetivo político: mi procesamiento judicial en un claro camino en el que está hace ya tiempo; la criminalización de la política”.
La semana pasada, tras la interpelación en el Legislativo a los ministros de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce, y de Minería y Metalurgia, César Navarro, Mesa la se veía enjuiciado.
“Más que interpelación, esto parecía un acto adelantado de la apertura de una acusación en contra de Carlos Mesa, que es lo que probablemente se producirá si el Fiscal General del Estado decide abrir una acusación en nuestra contra”, declaró en ese entonces. (09/07/2018)
