Medio: Opinión
Fecha de la publicación: martes 10 de julio de 2018
Categoría: Debate sobre las democracias
Subcategoría: Repostulación presidencial / 21F
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La Fiscalía General del Estado determinó aceptar la proposición acusatoria contra el expresidente Carlos Mesa (2003-2005) y ayer solicitó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la autorización para juzgar al exmandatario por el fallo internacional que obligó al Estado a pagar una multa millonaria por revertir una concesión a la empresa chilena Quiborax cuando era gobernante.
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MINISTERIO PÚBLICO EMITE REQUERIMIENTO ACUSATORIO AL TSJ
Fiscalía acepta caso contra Mesa y este anuncia defensa del 21F
El expresidente afirmó que el inicio de este proceso ya significa una “condena” en el juicio de responsabilidades que el Gobierno “busca” en su contra.
| LA PAZ/AGENCIAS Twitter: @DiarioOpinion |
10 jul 2018 
EL EXPRESIDENTE CARLOS MESA, TRAS CONOCER LA ACCIÓN JUDICIAL, DENUNCIÓ PERSECUCIÓN. APG
La Fiscalía General del Estado determinó aceptar la proposición acusatoria contra el expresidente Carlos Mesa (2003-2005) y ayer solicitó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la autorización para juzgar al exmandatario por el fallo internacional que obligó al Estado a pagar una multa millonaria por revertir una concesión a la empresa chilena Quiborax cuando era gobernante.
"Por la persecución judicial a título de investigación y a título de defensa del Estado, quiero decirles que no me siento acusado, sino acosado. Aquí en este momento quiero expresarles mi compromiso de actuar de manera activa, de manera positiva en la defensa del 21 de febrero", dijo Mesa, en conferencia de prensa, al conocer la decisión del Ministerio Público.
El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, presentó ayer ante la Sala Penal del TSJ en Sucre, el "requerimiento acusatorio de juicio de responsabilidades en contra del expresidente Mesa" dentro del caso conocido como Quiborax.
La Fiscalía tenía un plazo de 30 días, que concluyó ayer, para pronunciarse sobre una solicitud de la Procuraduría General del Estado para investigar a Mesa y a tres exministros de su gestión por los supuestos delitos de "resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica".
Según Guerrero, en estos 30 días el Ministerio Público acumuló "antecedentes" sobre el caso, mediante la toma de declaraciones informativas a exautoridades de la Procuraduría.
Mesa también fue convocado a declarar, pero resolvió presentar tres memoriales y “evitó” responder las consultas de Guerrero, según un comunicado de la Fiscalía.
Si el Legislativo, controlado por el partido del presidente Evo Morales, aprueba el inicio del juicio de responsabilidades, la Fiscalía comenzará la investigación, se indica en el comunicado.
El expresidente Carlos Mesa afirmó que el ya ve una “condena” en el inicio de este proceso, pero, dijo que no retrocederá.
"Me siento y soy acusador y acuso al Gobierno del presidente Evo Morales, y acuso a su exministro de Defensa Legal del Estado, exprocurador del Estado y actual ministro de Justicia (Héctor Arce), y acuso al actual Procurador de Estado (Pablo Menacho) de haber llevado adelante una de las más vergonzosas defensas que se haya conocido en función de los derechos que tenía que guardar el Estado frente a una empresa pirata como Quiborax", dijo Mesa.
Apuntes
El caso
El proceso se remonta a 2004, cuando fueron revocadas concesiones mineras a la empresa con mayoría de capital chileno Non Metallic Minerals, socia de la chilena Quiborax, durante el Gobierno de Mesa.
Demanda
Estas firmas presentaron una controversia ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), entidad dependiente del Banco Mundial. A finales de mayo pasado y después de un litigo que duró casi 12 años, la entidad cerró el caso a favor de las demandantes, al entender que la revocación no se ajustó a la ley y obligó a Bolivia a pagar 46.8 millones de dólares.
