Decir “‘no lo esperaremos con rosas’ o el simple hecho de públicamente arengar y mencionar al Presidente y al Vicepresidente legalmente constituidos con el 55% de votos como ‘personas no gratas’ o arengar que van a ‘tumbar’ al presidente Luis Arce, son hechos sin duda que ameritan ser investigados, son hechos de sedición, de terrorismo, de conspiración que el Ministerio Público de oficio (lo debe hacer) y también lo va hacer el Órgano Ejecutivo, va a promover las investigaciones penales que correspondan”, señaló Siles en entrevista con el canal estatal.

El lunes, tras los enfrentamientos registrados durante la primera jornada de paro en contra de la Ley 1386 de Estrategia contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) se declaró en movilización permanente y estado de emergencia y advirtió con “devolver ofensas” de grupos afines al MAS que se enfrentaron con los movilizados.

“Estamos convocando a todo el pueblo potosino, a la primera ofensa, vamos a salir a devolverles lo que nos están dando hoy (lunes), nos han dado chicotes, el día de mañana no los vamos a esperar con rosas, no estaremos con manos vacías”, dijo el presidente de Comcipo, Juan Carlos Manuel.

Dos días antes, el sábado, Comcipo, mediante resolución, declaró “personas no gratas” al presidente Luis Arce y al vicepresidente David Choquehuanca por no atender las demandas de la región.

La víspera, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, en la evaluación del tercer día de paro indefinido destacó lo ocurrido en Potosí, y dijo que hay sectores sociales, como los mineros, que se están alejando del oficialismo y van a “tumbar” al Gobierno.

“Ha sido categórico, ha dado un ultimátum, sectores fuertes, sectores humildes, sectores que estaban con el gobierno como los hermanos mineros van a estar en las calles y van a tumbar a este gobierno”, expresó Calvo.

Siles dijo que los procesos contra los señalados se realizarán “con total objetividad”. “Respetando el debido proceso se tienen que hacer las investigaciones y se tienen que dar con los responsables”, apuntó.

Sobre la tipificación de los delitos señalados por el viceministro, el GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) advirtió la urgente necesidad de que se revise la legislación penal respecto de tipos penales ambiguos, como los de terrorismo, sedición e incumplimiento de deberes, “para evitar la utilización de los mismos de manera arbitraria”.

El director para la Américas de la organización Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, indicó que el delito de terrorismo en el Código Penal boliviano es una “figura jurídica amplia y ambigua”, lo que en derecho se conoce como un “tipo penal abierto, que se presta a toda clase de arbitrariedades” y así, “en este escenario, una conducta cualquiera podría ser tipificada como acto terrorista y la persona acusada podría recibir una sentencia de 15 a 20 años de prisión”.