La región de Santa Cruz, la más poblada y bastión de la oposición, lidera el paro indefinido que realizan desde hace cuatro días transportistas, comerciantes, sectores cívicos y opositores, medida que para el Gobierno es un nuevo intento de un «golpe de Estado».

La principal consigna es lograr que el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) del presidente Luis Arce anule la ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento al Terrorismo, que consideran atenta contra las libertades ciudadanas, y que se abroguen otras normas cuestionadas.

El paro nacional indefinido, en pie desde el pasado lunes, ha sido parcial en varias regiones aunque con bloqueos, marchas, caravanas y cabildos constantes que han dado paso a que grupos afines al Gobierno y la Policía intervengan bajo la premisa de defender el libre tránsito, lo que ha derivado en fuertes incidentes.

«Camionazo»

Una caravana de camiones del sector del transporte pesado se manifestó en las calles de Santa Cruz con carteles en los que piden la anulación de la «ley maldita» y el argumento de que la protesta es por el «futuro» del país.

Los camiones de alto tonelaje de carga nacional e internacional desfilaron enalteciendo la bandera boliviana y de Santa Cruz entre aplausos de algunos ciudadanos identificados con esa causa que mantenían puntos de bloqueo.

No obstante, su intención de acercarse al centro de la ciudad fue impedido por la Policía Boliviana, algo que generó momentos de tensión con los manifestantes que reclamaron su derecho a la protesta, aunque después decidieron realizar su reunión final en otro punto.

La protesta aglutinó a un millar de operadores de vehículos de alto tonelaje procedentes de distintos puntos del departamento y que según dijeron algunos de sus dirigentes se mantendrá hasta que el Gobierno responda a sus demandas.

Una tensión regional

En este contexto existe una tensión entre la región cruceña y el Gobierno que acusa a sus líderes de promover «odios y mentiras» en algunos sectores populares para que «respalden sus planes golpistas», dijo este jueves en una rueda de prensa en La Paz, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada.

Prada acusó al presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo, de «públicamente y en abierta hostilidad» hablar de «tumbar» al Gobierno.

Sin embargo, el líder cívico en un discurso en la víspera se refirió al riesgo de que eso ocurra en caso de que sectores antes afines al oficialismo como los mineros potosinos se sumen a las protestas.

«Deje sus discursos de odio y mentiras. Gobierne para todos los bolivianos. Usted es un Presidente que no dialoga ni escucha al pueblo y sus sectores, que están en las calles contra su paquete de leyes persecutorias», fue la respuesta de Calvo al mandatario Arce que aludió a sus palabras en una masiva concentración en el Trópico de Cochabamba.

Por su parte, el gobernador de Santa Cruz y líder opositor, Luis Fernando Camacho, presentó una denuncia ante la Fiscalía al considerar que algunos agentes de la Policía han cometido excesos como cuando encañonaron con un lanza gas a un manifestante y forcejearon con un discapacitado.

A esta situación se sumó el apoyo al paro que ofreció el alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, cuestionado hace algunos días por su neutralidad ante la demanda regional y a quien lo relacionan con el MAS pese a que pertenece al partido Unidad Cívica Solidaridad (UCS).

Fernández dio a conocer que envió una nota al presidente Arce para que atienda las demandas de los movilizados que él considera son «legítimas».

Los sectores cruceños en protesta confirmaron para este viernes la quinta jornada de paro luego de cierta flexibilidad que se dio estos días para que la población se abastezca de alimentos.

Bolivia vive desde 2019 una persistente polarización política que para el Gobierno lo que hubo fue un «golpe de Estado» y ahora ve que las protestas de varios sectores lo que buscan es un efecto similar a los hechos de ese año.