Quienes tratan de trazar paralelismos entre lo sucedido en 2019 y lo que está sucediendo en 2021 se equivocan. El régimen de Luis Arce hoy no está amenazado como lo estuvo el de Evo Morales hace dos años por una razón fundamental: a Arce le avala su triunfo electoral contundente e incontestable, mientras que, a Evo Morales, en su recta final, le faltó la legitimidad a partir de una elección en la que concursó sin respetar la Constitución, y lo que es más surrealista, saltándose los resultados de un referéndum que él convocó para pedir permiso de concursar, y que perdió.

Esta diferencia es sustancial y primigenia, pero no permanente. Es evidente que el paro ha sido instrumentalizado y que los sectores políticos han maniobrado para opacar algunas de esas fechas emblemáticas en el relato del MAS, como la renuncia de Evo, la victoria de Arce y su posesión final. Es evidente que hoy por hoy la motivación original del paro se ha diluido y pocos pueden señalar con precisión cual es el objeto del paro, que en su momento fue por la Ley contra las Ganancias Ilícitas que el gobierno retiró dando un éxito sin precedentes a los movilizados tras un paro a medio gas, y que en realidad dio más alas para abrir una batalla de desgaste a largo plazo contra un gobierno que se mostró débil.

Esta semana el paro también venía sustentado contra la Ley 1386, que es la de la estrategia general de la lucha contra las Ganancias y que puede ser desarrollada en base a decretos y reglamentos, pero a eso se ha sumado todo lo de los últimos días: La Ley del Plan de Desarrollo, la de los Ascensos, el transfugio de Edwin Rosas y cualquier cosa que tuviera que ver porque en realidad no importaba demasiado. La acción policial del martes y la violencia inusitada desplegada en determinados lugares ha unificado todo bajo una consigna más “popular”: contra el abuso, que viene a ser todo.

La gestión de la violencia en Bolivia tiene sus propias reglas como se viene demostrando desde antes de la independencia y con particularidad en lo que va en este siglo. Convocarla tiene sus riesgos, y en este caso el propio presidente Luis Arce llamando a defender el proceso en las calles y el vicepresidente David Choquehuanca más solemnemente rodeado de dirigentes en la víspera del paro parecen no haber calculado con profundidad las consecuencias, sobre todo porque a la segunda, de nuevo, ha habido repliegue y llamada al diálogo.

Con el Gobierno tocado ha tenido que ser el presidente de diputados Freddy Mamani, con más ascendencia sobre el sector popular, quien convoque a la reunión sectorial sobre los alcances de la Ley 1386 solicitada por el poderoso sector campesino. Queda todavía un largo camino hasta que esa mesa de diálogo se consolide con los actores clave.

Todo apunta a que estamos al inicio de un conflicto demasiado forzado por todas las partes y sobre el que nadie tiene una hoja de ruta clara. Tal vez en la mesa de diálogo se puedan incorporar otros asuntos de tensión necesarios para orientar lo que queda de legislatura y evitar que cada avance, en medio de una crisis atroz, se encuentre con el rechazo y tenga que entrar en retrocesos.

En cualquier caso, lo intolerable es la violencia, que nunca es el camino a nada bueno, como se demuestra cada rato.