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Medio: Opinión
Fecha de la publicación: jueves 11 de noviembre de 2021
Categoría: Conflictos sociales
Subcategoría: Marchas, bloqueos, paros y otros
Dirección Web: Visitar Sitio Web
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Un plazo de 24 horas
al Gobierno para la abrogación de la Ley 1386 de Estrategia Nacional de
Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo es lo que
plantea Potosí, que decidió continuar con el paro multisectorial. La decisión
sale del cabildo convocado por el Comité Cívico Potosinista (Comcipo).
El sector de los
cooperativistas mineros de Potosí, que además anunció una marcha para hoy, se
suma a la conminatoria.
Entre tanto,
organismos internacionales, además de instituciones nacionales hicieron un
llamado al diálogo y contra la violencia hacia los trabajadores de la prensa
mientras que, desde el Gobierno, sus máximas autoridades pidieron a las
organizaciones afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) a levantarse y defender
el proceso de cambio y la democracia.
CABILDO
Potosí aprobó un
documento de nueve puntos que fue leído por el presidente del ente cívico, Juan
Carlos Manuel, tras una marcha que recorrió el centro de la ciudad, en
conmemoración al aniversario departamental.
El plazo de 24 horas
para la abrogación de la “Ley madre” también se extiende a la Fiscalía para que
inicie un proceso penal en contra del gobernador potosino, Jhonny Mamani, a
quien se lo consideró como el responsable de traer a los sectores sociales a la
ciudad, caso contrario, se decidió pedir su renuncia.
En otra de sus
resoluciones está el pedido de renuncia de la primera autoridad del
departamento, el comandante de la Policía, coronel Carlos Mercado, el
presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Marcial Ayali y la
Defensora del Pueblo de Potosí, Vilma Martínez. Asimismo, conminan al rector a
sumarse a las medidas de presión.
Por otro lado,
declararon “persona no grata y enemigo de la población potosina” al presidente
Luis Arce, y vicepresidente, David Choquehuanca.
Entre tanto, la
Federación Departamental de Cooperativistas Mineros (Fedecomin) de Potosí,
luego de declararse en estado de emergencia y un análisis de las agresiones a
la población por campesinos del MAS, determinó sumarse al paro y dar un plazo
de 24 horas al Gobierno para abrogar la ley. También atribuyeron la
responsabilidad al gobernador, por no tomar las medidas necesarias y evitar
esos “actos vandálicos”, así como a la Policía.
Hoy habrá una marcha
de protesta pacífica a las 14:00 horas “en contra de aquellos abusos cometidos
por grupos afines al MAS”.
POR APOYO
Durante el ampliado
departamental de las 20 provincias de la Federación Única de Trabajadores
Campesinos de La Paz Túpac Katari, el presidente Arce y el vicepresidente
Choquehuanca convocaron a las organizaciones sociales a defender la democracia
y el proceso de cambio del MAS. Advirtieron de intentos de desestabilización
por parte de sectores cívicos y gremialistas.
Arce anticipó que
necesitará de las organizaciones y aseguró, citado por ABI, que la derecha
política usa para sus ataques el rechazo de aplicación de leyes con engaños y
mentiras, porque no tiene argumentos, en busca de impunidad por los hechos de
violencia de 2019.
Por su parte, el
vicepresidente convocó a que a partir de este 14 de noviembre los sectores
sociales se levanten porque “tenemos que hacer respetar”. Anunció la
realización de un cabildo en el municipio de Peñas, que está a una hora de la
ciudad de La Paz.
“El 14 vamos a ir a
recuperar nuestra Qamasa, Achachila y Túpac Katari, Bartolina Sisa en Peñas.
Tenemos que mostrarnos nuevamente hermanos. Quieren desestabilizar y quieren
confundirnos”, indicó.
Los sectores afines
al MAS como Central Obrera Boliviana (COB); Confederación Sindical Única de
Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB); Confederación Nacional de Mujeres
Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa”; Pacto de Unidad;
mineros de Huanuni; Federación Departamental de Campesinos de Potosí; entre
otros se declararon en emergencia y llamaron a defender la democracia. Algunos
sectores advierten que se gesta un segundo “golpe de Estado” y acusan al
presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, el gobernador Luis Fernando
Camacho y el excívico Marco Pumari como los promotores de los conflictos y de
intentar desestabilizar al Gobierno con “métodos terroristas”.
DIÁLOGO Y PRENSA
Organismos
internacionales como Human Rights Watch (HRW) y la Organización de Naciones
Unidas (ONU), así como la Defensoría del Pueblo y la Iglesia en Bolivia se
pronunciaron sobre la violencia desatada en los últimos días y pidiendo
diálogo.
El director para las
Américas de HRW, José Miguel Vivanco, pidió al presidente Luis Arce llamar a la
calma, al diálogo y asegurar el derecho a la protesta.
A través de redes
sociales, el representante el organismo dijo ver “muy preocupantes” los
enfrentamientos suscitados en varias regiones del país y piden investigar la
muerte del joven en Potosí.
“El Presidente
@LuchoXBolivia debe llamar a la calma y el diálogo, asegurar el derecho a la
protesta pacífica sin importar la posición política y garantizar el trabajo de
la prensa”, se lee en sus publicaciones en Twitter.
En la misma red
social se pronunció el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos (OACNUDH-Bolivia) hizo un llamado a la calma e instó al
diálogo. Expresó su preocupación por la “creciente violencia” y pidió respeto
de los derechos a la libre circulación, reunión pacífica y asociación.
“Las autoridades
deben procurar el diálogo entre todos los sectores y restringir el uso de la
fuerza a lo estrictamente necesario, protegiendo la labor de periodistas y
medios de comunicación”, se lee.
La organización de
Derechos Humanos, Amnistía Internacional, recordó a la Policía que el uso de
fuerza debe ser proporcional y que está prohibido lanzar gas directamente a las
personas y aboga por la seguridad de periodistas.
La Defensoría del
Pueblo exhortó a los sectores a deponer actitudes de intolerancia y convocó a
dialogar para pacificar la región. En la misma línea, la Iglesia católica dijo
estar dispuesta a mediar en el diálogo siempre y cuando todas las partes en
conflicto lo soliciten. A su vez, se dirigió a la Policía para que evite todo
tipo de violencia y ejerza su servicio de manera correcta, coherente y
responsable.



