Tras una jornada de furia, especialmente el martes. Ayer, la Villa Imperial amaneció con una relativa tranquilidad. La muerte de un joven campesino golpeó duro. Fue un momento de reflexión. Por eso desde la Iglesia y el Concejo Municipal se apostó por una mesa de diálogo en la que participe Jhonny Mamani, gobernador de Potosí y los representantes del Comité Cívico Potosinista (Comcipo).

La reunión, en el Obispado, estaba pactada para las 17:00 de ayer. Pasadas las 18:30 el encuentro no se realizó ante la ausencia de Mamani. Fue el temor, de acuerdo con Mirtha Guzmán, presidenta del Concejo Municipal de Potosí, que frenó al gobernador, que solicitó se la traslade al municipio de Chaqui. Esta vez, los cívicos fueron los que pusieron reparo. Se pensó en un encuentro por zoom. La idea no maduró y todo quedó en buenas intenciones.

Así, las posiciones encontradas respecto a la Ley 1386 y otras normas volvieron a flote. La Plaza 10 de Noviembre fue epicentro de una reunión. Esta vez, el cabildo de la potosinidad dio la palabra a dirigentes y ciudadanos que rechazaron la violencia contra aquellos que apoyan el paro indefinido multisectorial.

Cívicos, comerciantes, transportistas exigieron las renuncias de Jhonny Mamani, gobernador de Potosí, de Marcial Ayali, presidente de la Asamblea Legislativa Departamental y de Carlos Mercado comandante de la Policía departamental.

También determinaron declarar persona no grata y enemigo de los potosinos al presidente del país, Luis Arce y al vicepresidente David Choquehuanca, por considerarlos racistas y discriminadores y no atender las demandas de Potosí.

Pasadas las 10:30, Juan Carlos Manuel, presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), antes de hablar pidió un minuto de silencio por el fallecido. Luego, a pesar de los enfrentamientos sectoriales pidió unidad para llevar adelante el paro. Criticó que representantes de otros sectores no se sumen a las protestas.

En otro punto de la resolución, dan un plazo de 24 horas al Gobierno para abrogar la ley 1386 y el paquete de leyes que Nelson Gutiérrez, vicepresidente de Comcipo, considera anticonstitucionales.

¿En caso de que el Ejecutivo no cambie de postura? Gutiérrez precisó que las medidas de protestas se van a masificar con la incorporación del transporte pesado y con la de unos 15.000 cooperativistas mineros que saldrán a las calles.

Edgar Freddy Huallpa, presidente de la Federación de Cooperativistas Mineros de Potosí (Fedecomin), se sumó al ultimátum del cabildo y remarcó que su sector le da 24 horas a Arce para que deje sin efecto la Ley 1386 y que de no hacerlo tomarán otras medidas de presión, que evitó detallar.

Huallpa adelantó que hoy, desde las 14:00, saldrán a las calles a marchar de forma pacífica como muestra de apoyo a los sectores que llevan adelante el paro y en rechazo a la violencia usada por los simpatizantes del MAS.

Otro sector que de forma más concreta, engrosará la fila de los que realizan las medias de protestas son las juntas vecinales. Abraham Castro, vicepresidente de la Federación de Juntas Vecinales de Potosí (Fedjuve), informó que hoy mantendrán un ampliado con sus bases para apoyar en los piquetes de los bloqueos y se analizará si es necesario trasladar las protestas hacia la sede de Gobierno.

Una muerte a esclarecer

Basilio Titi Tipolo, el joven que falleció el martes durante los enfrentamientos entre campesinos e integrantes de Comcipo, era soltero y agricultor. Eventualmente trabajaba como minero. Nació el en 1999, en Surichata, provincia Tomás Frías. El 18 de noviembre iba a cumplir 23 años.

La Defensoría del Pueblo informó que Basilio perdió la vida por una broncoaspiración, de acuerdo con la autopsia practicada. Se cree que al escapar de los enfrentamientos sufrió una caída, que ocasionó que se atragante con un bolo de coca.

Al respecto, el presidente del país, Luis Arce, apuntó directamente a Comcipo por la muerte del campesino. Gutiérrez precisó que desde el Gobierno pueden decir lo que quieran. Que pueden traer a un forense masista para que hagan un informe a su medida. Pero que los cívicos no tienen miedo, porque ellos no trajeron a los campesinos para provocar enfrentamientos.

El ministro de Justicia, Iván Lima, dijo que no era creíble que el joven haya muerto por un bolo de coca y que según la autopsia el cuerpo del fallecido presentaba excoriaciones (rozaduras en la piel) y una infiltración hemorrágica en el cráneo, que se pueden atribuir a una fuerte caída.

Lima precisó que el Ministerio Público abrió de oficio las investigaciones y que su cartera se constituirá en parte civil dentro del proceso, para determinar las causas y circunstancias en las que el joven perdió la vida.

No a la derogación de la 1386

Arce se mostró firme. Remarcó que si se acepta dejar sin efecto la Ley 1386 las demandas irán creciendo hasta pedir cambios en la Constitución.

Ramiro Subia, presidente del Comité de Movilizaciones de Comcipo, lamentó la postura del jefe de Estado. Pero recalcó que en este pedido no hay marcha atrás. Por lo que pondrán en marcha otro tipo de protesta y que el primer mandatario se atenga a las consecuencias.

“Pagaron a cientos de campesinos. Los amenazaron que si no venía iban a perder sus tierras. Nos atacaron. Pero eso no volverá a pasar. Si nos atacan nos vamos a defender. Tenemos otras maneras para que el Gobierno sienta la presión”, subrayó Subia.