El paro nacional indefinido de varios sectores de la población, tal como se preveía, se ha convertido en una suerte de medición de fuerzas entre sus convocantes (principalmente cívicos de Santa Cruz y Potosí, además de otros sectores sindicales) y el demandado (el gobierno del MAS). La tensión no ha tardado en detonar en enfrenamientos, represión, muerte y, ahora amenaza con tornarse incontrolable.

Después de dos días, el paro no es total, pero sí tiene la suficiente fuerza en varios departamentos como para preocupar al gobierno de Luis Arce, al que no le está temblando la mano para sacar a las fuerzas del orden a las calles con el objetivo de –tal como se anunció la noche del domingo– garantizar la transitabilidad de quienes no acatan la medida de presión. Y si no le preocupa todavía, debería, sobre todo después de lo ocurrido ayer en Potosí, que es muy grave.

Hasta este martes, el paro se sentía especialmente en Santa Cruz, donde se ha concentrado buena parte de la fuerza opositora nacional, pero, coincidiendo con la efeméride de hoy de Potosí (que no tendrá festejos), también las fuerzas cívicas de este departamento se han fortalecido y, como ocurría en los tiempos del gobierno de Evo Morales, por lo menos la ciudad capital se constituyó en un bastión opositor y un hueso duro de roer para el oficialismo.

El joven fallecido, producto de los enfrentamientos entre bloqueadores y campesinos, merece una profunda reflexión, tanto de parte de quienes promueven este tipo de manifestaciones de protesta como del Gobierno, que también moviliza a sus bases para contrarrestarlas.

Más allá del lamentable luto, muchos potosinos están demostrando de nuevo que no están dispuestos a aceptar políticas que vayan en contra del bienestar de la población.

Las leyes 1386, contra Legitimación de Ganancias Iliciticas, y 342, del Plan de Desarrollo Económicos y Social 2021-2025 (PDES), generan un fuerte rechazo, sobre todo, por su falta de socialización. El Gobierno no ha tenido el tino de acercarse a los diferentes sectores para intentar siquiera un diálogo y una concertación con ellos. En esta apreciación prácticamente hay pleno consenso.

Por otro lado, en las últimas horas se han vuelto a imponer las agresiones contra periodistas. Es sabido que el MAS nunca tuvo una buena consideración hacia el periodismo independiente. Ayer, como en otras oportunidades, luego de confirmarse que el secretario ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Oruro, Juan Carlos Yapari, había sido golpeado por policías en la capital de ese departamento, organizaciones de periodistas se pronunciaron para denunciar la conculcación de derechos de este gremio en el país.

De acuerdo con las crónicas, una marcha de periodistas orureños fue reprimida por la Policía cuando demandaba el respeto a la libertad de prensa e intentaba ingresar a la Plaza 10 de Febrero. Uniformados de la Unidad Táctica de Operaciones Especiales (UTOP) frenaron la movilización con escudos y empujaron a los reporteros, algo inaceptable en cualquier democracia que se precie de tal.

El gobierno de Arce debe garantizar el normal desarrollo de la labor periodística y no puede, de ninguna manera, permitir este tipo de atropellos contra los trabajadores de la prensa, que cumplen funciones esenciales para la salud de la democracia boliviana.

Tampoco puede descuidar, ni mucho menos alentar, la creciente ola de violencia que amenaza con convulsionar el país. Suponemos que nadie quiere eso.