Cuán poco valoran la paz y la estabilidad nuestros gobernantes que ahora, exactamente dos años después de una de las peores crisis políticas y sociales que haya vivido esta generación, nos ponen a los bolivianos en  apronte para otra. Como si no hubiésemos arriesgado las vidas de muchos conciudadanos, perdido las de otros; como si la revancha y el odio fuesen el único insumo para su lucha política.

Si bien aquellos hechos fueron el origen de la polarización y división con la que hoy convivimos,    y no hemos conseguido conciliar posturas sobre estos acontecimientos hasta ahora -pues un lado acusa al otro o de golpista o de fraudulento-, en noviembre pasado, cuando Luis Arce asumió la Presidencia del país, devolviendo el poder al MAS y con el 55% de apoyo de la población boliviana, se pensó que encararíamos un momento de distensión y de restañar las profundas secuelas que dejó la pandemia en todo país del mundo.

La recuperación, la estabilidad, la paz fueron el estímulo y el discurso de su campaña, y la razón de gran parte de su apoyo popular en momentos en que su partido pasaba por su peor momento. Pero, lastimosamente este impulso no duró más que para los comicios, pues ya desde los primeros discursos y actos, la gestión de Arce Catacora ha privilegiado el discurso confrontacional, revanchista y acusador.

Peor que eso, se ha mostrado decidido a no dejar resquicio de oportunidades a que a su gobierno y a su partido les pueda ocurrir lo que le pasó a Evo Morales antes de renunciar al poder. Por ello, desde el principio ha decidido curarse en salud y poner a la virulencia política por delante.

Lo que estamos viviendo en estos días parece el apronte de un enfrentamiento civil, en el que ninguna de las partes se muestra dispuesta a ceder un milímetro en sus posiciones. Por el contrario, mientras los cívicos -especialmente en Santa Cruz, nuevamente el epicentro de la protesta- advierten que no se rendirán y pretenden reeditar las movilizaciones de los 21 días que impulsaron la caída de Morales, el gobierno de Arce está dispuesto a cualquier exceso para impedirlo. Y lo está demostrando con el manejo estricto de la Policía -que reprime al servicio del MAS- y con la organización de grupos de choque, que arrasan violentamente a los manifestantes.

No hay espacio para considerar bajar los ánimos, enfrentar un proceso de discusión o negociación; es más, si lo que supuestamente se trata es de derogar un proyecto de ley -que es supuestamente el motivo del paro nacional y de las protestas-, esto no está siquiera en la mesa de negociación.

Evidentemente, de lo que se trata es de la lucha por la hegemonía política para el MAS y por su derrota para la oposición. En el medio está una ley, la 1386, que quiere ser impuesta por un gobierno en el que no se confía, pues se prevé siempre que tenga las peores intenciones.

No cabe dudas a estas alturas que la polarización da réditos: ganan los extremos, gana el discurso de odio, gana el proyecto de derrotar al otro.

Tener el poder es también luchar por una supremacía política, pero desde hace muchos años los gobernantes bolivianos han olvidado que administrar el Estado y la vida del pueblo boliviano es sobre todo un asunto de bien común. Aunque confrontar sea políticamente rentable, la vocación por la paz, el diálogo, el reencuentro es una obligación olvidada, rezagada de la gestión pública.

Luis Arce ha ignorado su mandato de reconciliar a los bolivianos y se ha dedicado a confrontarlos, entendiendo su apoyo como una carta en blanco -como ya lo hizo su antecesor, Evo Morales- para todo tipo de arbitrariedades.

La oposición política, dispersa y desestructurada,  tampoco ha renovado su discurso y a pesar de que en ciudades como Santa Cruz la cohesión ciudadana se destaca, es difícil pensar que pueda acarrear la fuerza que alcanzó en 2019.

Lastimosamente, las fuerzas nos impulsan una vez más al borde del precipicio. Todo parece indicar que no serán los actores políticos quienes tengan la voluntad para pacificar el país.