La muerte del joven Basilio Titi Tipolo ha despertado, relativamente, la sensibilidad de los sectores en conflicto. Hoy se cumple el cuarto día de paro indefinido y en las últimas horas se dieron señales contradictorias respecto al futuro del problema.

Entretanto, ayer, Potosí recordó los 211 años del grito libertario de 1810 con el dolor de haber perdido, solo un día antes, a uno de los suyos. Esta vez, después de una historia –no muy lejana– de choques fratricidas, cayó Titi Tipolo, un campesino de apenas 21 años de edad.

Las circunstancias de su deceso todavía son objeto de investigación y de controversia, sobre todo después de que la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, saliera a confirmar que había fallecido por broncoaspiración. Se basó en los resultados de la autopsia: se habría atragantado con coca. El gobernador Jhonny Mamani denunció que el joven fue víctima de agresiones por parte de los cívicos.

La versión de la Defensora no convence al ministro de Justicia, Iván Lima, ni a las organizaciones de campesinos en Potosí, que anunciaron una nueva autopsia. Deben quedar claras, sin visos de ninguna sospecha, las razones de la pérdida de un joven que tenía la vida por delante. Al menos eso, porque el destino del conflicto por las leyes 1386, contra Legitimación de Ganancias Iliciticas, y 342, del Plan de Desarrollo Económicos y Social 2021-2025 (PDES), parece el de un barco a la deriva.

Desde el Gobierno, el presidente Luis Arce acusó directamente al Comité Cívico Potosinista (Comcipo) por la muerte de Titi y, en su ya habitual tono combativo, llamó a los campesinos a mostrarse unidos y movilizarse.

También señaló a la oposición de “mentir todo el tiempo”, con relación a las leyes resistidas por varios sectores de la sociedad, y más tarde salió en televisión rodeado de mineros de Huanuni que se manifestaron prestos a bloquear las carreteras con tal de defender al Gobierno. El mismo Arce, casco en la cabeza aunque visiblemente agotado, quiso proyectar una imagen de reciedumbre, nada de debilidad, como buscando lanzar el mensaje de que no está dispuesto a dejarse doblegar.

En la misma línea se mostró el generalmente duro ministro de Justicia, Iván Lima; en cambio el de Economía, Marcelo Montenegro, dijo que existe una apertura a escuchar las observaciones y sugerencias para cambiar la Ley 1386; al diálogo, en definitiva. Sería bueno para el país que se pongan de acuerdo.

Santa Cruz, Potosí, Cochabamba y Tarija se mantienen en pie de lucha. La Paz, como suele pasar considerando que allí se concentran los órganos Ejecutivo y Legislativo, ambos controlados por el MAS, ayer tuvo una movilización en contra de las denominadas “leyes malditas” y otra a favor del Gobierno. Y Chuquisaca promete endurecer sus protestas desde mañana con un paro. Además, la Unidad del Transporte Pesado anuncia un bloqueo general e indefinido a partir del lunes.

A este panorama se suma el primer fracaso de un intento de diálogo ocurrido anoche en Potosí. La Iglesia católica se ha ofrecido a mediar, siempre y cuando ambas parte se lo pidan.

No son horas fáciles para los bolivianos cuando las partes enfrentadas ni siquiera han sido capaces de dar muestras de una voluntad de ceder para que ganemos todos. El diálogo no está a la vista y las posturas, al contrario, podrían endurecerse aún más, si no prima el ‘milagro’ de la cordura.

Las leyes, tal como pareciera haber empezado a comprender el ministro Montenegro, deben ser revisadas para alcanzar acuerdos que no se buscaron cuando eran necesarios para evitar los grandes perjuicios que estamos soportando ahora.