El primer año de gobierno de Luis Arce, pese a su amplia legitimidad de origen, no ha logrado superar la polarización política y está marcado por el desencuentro. El oficialismo reivindica su mayoría electoral para decidir en solitario. La oposición minoritaria, en tanto, no termina de asumir su derrota en las urnas y apuesta por el bloqueo con ruido. Así no hay acuerdo posible.

Los pasados días han sido especialmente sintomáticos respecto a la intensidad y tónica de la disputa política entre el gobierno del MAS-IPSP y las oposiciones política, cívica, confesional y mediática. El oficialismo asume leyes y políticas públicas sin la suficiente concertación y con serios déficits comunicativos. Lo hace, además, con un discurso beligerante que conjuga ofertas de futuro (con centro en la reactivación económica) y la constante referencia al régimen inconstitucional de Áñez.

Las oposiciones, en tanto, incapaces de reconocer la legitimidad del binomio presidencial, y débiles de propuestas, contestan toda iniciativa del Gobierno. No importa cuál demanda sea o el sector que la sostenga, los políticos opositores (CC y Creemos), sus operadores mediáticos, la dirigencia cívica y la bendición eclesial asumen velozmente que ha llegado la hora de “derrotar al masismo”. Así, lo que perdieron en votos quieren ganarlo en las calles. Lo hacen también con retrovisor al 2019.

En ese contexto, el oficialismo tuvo que dar marcha atrás en el polémico proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas y ahora sostiene la estrategia en la materia (“ley madre”) aprobada previamente, en agosto, sin observaciones sustantivas de la oposición en la Asamblea Legislativa. Una fracción de la dirigencia gremial no encontró mejor idea que lanzarse a un paro indefinido, nada menos, con exigencia abrogatoria. Todas las oposiciones se alistaron detrás de semejante medida.

Así, llegamos hoy al cuarto día de un paro que nació fallido y resulta claramente insostenible, aunque ha generado inaceptable violencia. Lo saben los propios gremiales, que evalúan la posibilidad de un paréntesis hasta enero. Pero priman las banderas radicalizadas, con base en la dirigencia cívica, grupos de choque y sincronizados reflectores de sus medios de comunicación, que buscan sumar demandas, extender el conflicto, “arrinconar” (sic) al Gobierno. Por supuesto lo hacen en nombre de Dios, la libertad y la propiedad privada.

¿Qué hacer? Al presidente Arce, que tiene la legitimidad y el mandato de gobernar cuatro años más, le corresponde la responsabilidad principal de generar puentes de diálogo y tejer acuerdos con la mayoría del país que busca estabilidad, empleo digno, salud, educación, justicia, en fin, mejores condiciones de vida. Ello no pasa por la imposición y el desbloqueo por la fuerza y con más ruido. Se requieren soluciones duraderas, para lo cual es imprescindible agregar voluntades constructivas, pacíficas y democráticas.