Violencia, división y muerte. Ése es el objetivo de la derecha; no le importa la seguridad ni la vida de los bolivianos, como lo demostró en múltiples ocasiones, y para ello utiliza las mentiras y la desinformación magnificada por algunos medios de comunicación y por las redes sociales, con eso genera incertidumbre en el país.

Desde la anterior semana se anunció un supuesto paro indefinido, medida que fue apoyada e impulsada por el Comité Cívico pro Santa Cruz, el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) y personajes políticos como el gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, y el líder de Comunidad Ciudadana, además de excandidato presidencial y vicepresidente del prófugo de la justicia Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Mesa, entre otros.

Curiosamente, este inicio de paro se dio cuando Bolivia cumple un año de gestión de Luis Arce, en medio de amenazas y pedidos de renuncia, tanto de gobernadores como del propio Presidente, usando discursos que hablan de “jugar la última carta”, entre otros que dan clara muestra que la derecha trata de repetir la fórmula utilizada para dar el golpe como en 2019.

En ese año también se generaron escenarios de enfrentamientos bajo el pretexto de un supuesto fraude electoral, que fue alimentado por la Organización de los Estados Americanos con un preinforme que fue desmentido por más de seis investigaciones internacionales, además de una verificación técnica por parte de la Procuraduría General del Estado.

Ahora, para estas movilizaciones, se utiliza el pretexto de normativas que supuestamente van en contra de los gremialistas, una falacia que es magnificada por medios de información afines a la derecha y utilizada por los políticos para movilizar a un país que, en su gran mayoría, está trabajando para salir adelante en medio de una pandemia que, a diferencia del gobierno de facto, ahora se encuentra controlada.

El objetivo de la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo (LGI/FT), que es usada de pretexto para justificar estas movilizaciones, es prevenir y luchar contra ilícitos que podrían generar efectos negativos a la estabilidad económica y reputación de Bolivia.

Ya se descartó que esta norma perjudica a los gremialistas o a los sectores económicos bolivianos, además se convocó a los sectores sociales para que se socialicen los alcances de la normativa. Los mismos comerciantes se dividieron en cuanto a acudir o no al paro, ya que la gran mayoría sabe que la norma no afectará sus actividades.

Incluso ayer el presidente Luis Arce se refirió al tema: “Hay que ser loco para pensar que nuestro Gobierno va a ir a afectar a los más pobres, a los más humildes; pero la derecha engaña, la derecha miente todo el tiempo, miente porque no tiene argumentos, hermanas y hermanos. Ellos lo único que quieren, lo único que están buscando es la impunidad de lo que ha pasado en 2019 con el golpe de Estado, es lo único que quieren, para eso buscan pretextos”.

Ya se registró un muerto fruto de la violencia de Comcipo en Potosí, un resultado que busca la derecha para atribuir estos hechos al Gobierno, cuando en las calles, quienes tienen los palos, las piedras y usan la violencia son ellos.