En el cabildo organizado la tarde de este miércoles en Potosí se determinó dar un plazo de 24 horas al Gobierno para abrogar la Ley 1386 y, además, declararon "enemigo" de esa región al presidente Luis Arce.
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Comcipo además exige la renuncia del comandante Carlos Mercado, del gobernador Jhonny Mamani y del titular de la ALD, Marcial Ayali.
El cabildo de este miércoles en Potosí. / Foto: Redes.
En el cabildo organizado la tarde de este miércoles en Potosí se determinó dar un plazo de 24 horas al Gobierno para abrogar la Ley 1386 y, además, declararon "enemigo" de esa región al presidente Luis Arce.
"Dar plazo de 24 horas al gobierno de Luis Arce (para) abrogar la ley 1386 y el paquete de leyes anticonstitucionales y antidemocráticas por ir en contra de la población boliviana", se lee en una de las 13 demandas planteadas por el departamento.
Ante una masiva concentración, el presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Juan Carlos Manuel, manifestó que la administración de Arce debe abrogar las "leyes malditas" y recordó que su departamento no recibe atención a sus demandas.
"Decirle al Gobierno, a nuestras autoridades locales, que se han equivocado con el pueblo potosino, que es digno, rebelde, que no recibe atención. No se vuelvan a equivocar, sí o sí se tienen que abrogar estas leyes malditas", afirmó Manuel.
Los otros 12 puntos planteados por Comcipo dicen:
Declarar persona no grata y enemigo de la población potosina al presidente Luis Arce y al vicepresidente David Choquehuanca, por “ser racistas y discriminadores al no atender las demandas de Potosí”.
Exigir la renuncia del gobernador Jhonny Mamani, del presidente de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Potosí Marcial Ayali “por financiar y encabezar los enfrentamientos con los hermanos campesinos” que terminaron con un fallecido, un joven indígena.
Exigir la renuncia del comandante departamental de Policía Juan Carlos Mercado “por no resguardar el orden y parcializarse con la gente del MAS”
Dar plazo de 24 horas al Ministerio Público para que de oficio inicie un proceso en contra del gobernador, autor o autores materiales e intelectuales por el deceso de un ciudadano potosino, caso contrario piden la renuncia de la fiscal departamental Roxana Choque.
Se exige a los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional restituir los dos tercios para la aprobación de leyes constitucionales y democráticas que favorezcan a los bolivianos y eliminar la mayoría simple "que sólo es utilizado para aprobar cualquier cosa de leyes a provechando el rodillo masista, ocasionando perjuicios al pueblo boliviano”.
Se exige proceso penal a los ciudadanos Tomás Acarapi Suyo, Martín Buezo y Mario Mamani Salazar, de la subcentral Tomás Frías, quienes “trajeron a los hermanos del área rural para confrontar con el pueblo potosino por órdenes del gobernador y del presidente de la Asamblea Legislativa Departamental”.
No se aceptará ninguna persecución política a quienes se movilizan en el país y en departamento.
Anular todos los procesos políticos de persecución que encararon desde el momento que han entrado al poder, como el caso de Ramiro Subia.
Se pide la renuncia de la defensora regional del Pueblo Vilma Martínez, a quien acusaron de parcialidad.
Demandar al rector de la Universidad Autónoma Tomás Frías, Roberto Bohórquez, dar un paso al costado si no se suma a la lucha del pueblo.
Una jornada de abastecimiento para seguir con la lucha. Exigen a los comités cívicos y organizaciones del país sumarse a la lucha conjunta.
Pedir a los policías y militares unirse a la lucha del pueblo potosino y boliviano.
El cabildo se llevó a cabo en la plaza 10 de Noviembre, donde varias organizaciones potosinas cuestionaron los hechos de violencia del martes y aprobaron continuar con el paro contra la Ley 1386.
