Las dos afirmaciones no pueden ser ciertas. Las dos afirmaciones no pueden ser falsas. Y a partir de ambas se abren una serie de hipótesis que concluirán en el mismo absurdo, perdemos todos.

Se denomina un juego de guerra el ejercicio que recrea un enfrentamiento de cualquier escala con reglas que simulan tecnología, estrategia y organización de los contendores, y que podrían ser usadas en diversos entornos, históricos, hipotéticos o fantásticos. Es un instrumento de estrategia militar que ensaya escenarios futuros de confrontación, la reacción del enemigo y las capacidades que serán necesarias para lograr la victoria.

El riesgo de los juegos de guerra es cuando se llevan al campo de la realidad en entornos sociales ya que en todos los casos se producen daños y pérdidas materiales y en algunas situaciones extremas, lo hacen también sobre las personas con resultados conocidos.

Pareciera que el pueblo boliviano, por intuición y práctica, maneja mucho de esas categorías teóricas por la repetición de las conductas. En febrero de 1980 se produjo un confuso movimiento militar en Trinidad. La reacción inmediata se expresó en votos de repudio, anuncio de movilizaciones en defensa de la democracia y una reunión de emergencia de los líderes políticos, sindicales y sociales de entonces en la sede de la Central Obrera Boliviana, en la ciudad de La Paz y las centrales departamentales. El comportamiento estudiado por los golpistas sirvió el 17 de julio y al repetirse la conducta esta vez definitiva, que la acción de represión se centre en la COB y produzca los asesinatos y la represión sobre la dirigencia ahí reunida, descabezando la dirigencia democrática.

Lo que está ocurriendo hoy con el paro cívico es un escenario similar y tiene el antecedente de “las pititas” que el expresidente Morales subestimó con burla. Reunión de personas en rotondas, avenidas y carreteras que, al impedir el tránsito de vehículos, logran el resultado buscado, en ese entonces la renuncia por el fraude electoral, ahora, la anulación de leyes contrarias al momento social y económico que vive el país. Por primera vez en la historia de los paros cívicos se están produciendo acciones policiales masivas que tratan de evitar se consoliden los bloqueos. Esta novedad y la capacidad de reacción y organización social, establecerán un nuevo escenario que será necesario analizar.

Las variables más importantes serán el tiempo y la masividad de las medidas sociales. Recordemos que, en los sucesos de hace dos años, el agotamiento físico de los policías y la existencia de focos de resistencia en todo el país, disminuyó la capacidad de acción de los uniformados. A esa situación se suman hoy dos circunstancias que no podrán ser desconocidas por el aparato represor. Existe una disposición que obliga bajo firma expresa del presidente de la república, autorizar acciones que signifiquen un uso mayor de la fuerza por las responsabilidades consecuentes, y el antecedente de mandos policiales y militares presos, por los actos ocurridos durante la renuncia de Morales.

En este escenario de acciones potencialmente conocidas, el gobierno con ese raro prurito de crearse problemas absurdos, se ha embarcado en una acción de apoyar el transfugio, rompiendo la institucionalidad, y alentando mediante acciones manifiestamente contrarias a la ley, el desconocimiento de la oposición democrática. La elección de los cargos en la directiva camaral asignados a la oposición, es, diríamos los abogados administrativistas, un Acto Reglado, esto es, de cumplimiento obligatorio y que no necesita evaluación de mérito. Los designados por las bancadas opositoras, son los que deben ser posesionados.

Duración y masividad serán las medidas que el gobierno querrá controlar y que conociendo el método irreflexivo que ha demostrado, lo llevará a tratar de resolverlo por la fuerza. A este conflicto que todavía no llega a crisis, habrá que sumarle el problema de salud y las dificultades de la economía.

Estamos frente a un escenario que no tendrá solución democrática por la fuerza. No queda sino el diálogo. El presidente Arce tiene cuatro años para ponerlo en práctica.