Fuente: Colectivo Casa

Ante los graves daños socioambientales generados por la contaminación minera de la cuenca del lago Poopó, integrantes del ayllu San Agustín de Puñaca interpusieron una acción popular ante la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro para reclamar legalmente el reconocimiento de la vulneración de sus derechos y la reparación de los daños por parte de las autoridades correspondientes.

La acción legal fue presentada tras una conferencia de prensa y posteriormente una bulliciosa marcha de las organizaciones sociales como la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra (RENAMAT), los Líderes ambientales, el Defensor del Pueblo en Oruro y organizaciones ambientales como el Centro de Comunicación y Desarrollo Andino (CENDA), el Centro de Ecología y Pueblos Andinos (CEPA) y el Colectivo de Coordinación de Acciones Socio Ambientales (Colectivo CASA).

A diario, las mineras situadas en la cuenca del Poopó vierten enormes cantidades de metales pesados a las aguas convirtiéndolas en peligrosas para el consumo humano animal y el regadío. La contaminación está deteriorando gravemente el lago Poopó, humedal declarado de importancia internacional bajo la Convención Ramsar, y acabando con especies animales y vegetales.

El daño no es solo al ecosistema. Las aguas más afectadas —del Poopó y de los ríos Huanuni y  Desaguadero—, rodean al ayllu San Agustín de Puñaca. Se trata de una comunidad históricamente situada en la zona de mayor presencia minera, aunque las actividades principales de sus habitantes, de mayoría quechua, son la agricultura y la ganadería.

La acción popular es un proceso legal empleado ante la vulneración de derechos colectivos. Quienes conforman el ayllu San Agustín de Puñaca han visto vulnerados sus derechos constitucionales al agua, a la salud, a la soberanía alimentaria y a un medio ambiente sano. Sus modos de vida están siendo afectados por la degradación ambiental.

 Los metales pesados recorren las aguas superficiales y subterráneas de la cuenca, extendiendo los efectos tóxicos de la minería más allá de los lugares de extracción. Los comunarios han denunciado la muerte de cabezas de ganado, la infección de cultivos y forraje, así como la aparición de enfermedades en la población.

 Otro impacto social de la contaminación es el desplazamiento de los espacios tradicionalmente campesinos e indígenas por el espacio minero, provocando la migración de los más jóvenes del ayllu a zonas urbanas o al extranjero.

 En la acción popular, la comunidad exige que las autoridades cumplan con sus obligaciones de mitigar los efectos de la contaminación y de reparar a las comunidades afectadas.