La seguridad del Gobierno en hacer cosas alejadas de la lógica mueve a pensar que, en realidad, sabe muy bien hacia dónde marcha. Comencemos por lo que interesa a todos: el rumbo de la economía.

El proyecto de ley PL No. 342/2020-2021, cuya aprobación ya fue recomendada por la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados, pretende nada más y nada menos que cambiar el modelo vigente en el país, instaurando uno que denominaron “Modelo Económico Social Comunitario Productivo con estabilidad Macroeconómica”.

Aunque el documento da indicios de lo que se pretende (el retorno a la estatización), es prematuro juzgar las ventajas y desventajas de la propuesta. Lo que sí se debe observar es que, tratándose de un cambio de modelo, el Gobierno debería socializarla.

Si se pretende “reconstruir la economía”, el Gobierno debió dedicarse a esa tarea desde la posesión del gabinete ministerial. Pero, en lugar de eso, ha empleado la mayor parte de su año, que cumplió ayer, en intentar implantar la teoría del “golpe de Estado”, que a esta altura ya se ha convertido en letanía.

Al cumplirse el año de su ascenso al poder, el presidente Luis Arce se dirigió al país para presentar su informe de gestión. Como a consta a todos, pues los mensajes presidenciales son transmitidos por todos los medios de comunicación debido a una norma que así lo obliga, la mayor parte de su discurso de dos horas y 21 minutos estuvo dedicada a atacar a su gestión antecesora –la de Jeanine Áñez– y a culparla de casi todos los males del país.

El mensaje de Arce fue, por decir menos, belicoso y, se podría decir también, inoportuno porque todas las acusaciones fueron lanzadas el mismo día en que comenzaba el anunciado paro indefinido de varios sectores del país.

A sabiendas de que sus opositores volvían a la carga, el Gobierno podía ser más sutil y, en lo posible, llamar al diálogo. Pero eligió otro camino.

Arce, en su discurso, no solo evitó dar muestras de conciliación o de acercamiento alguno hacia las partes en desacuerdo, sino que volvió a emplear palabras que destilaban molestia, rencor y posiblemente un ánimo de venganza contra quienes fueron su verdugo y el de muchos otros políticos perseguidos durante los 11 meses de la administración Áñez.

¿Cuál es la intención? Desde el Ejecutivo, como volvió a pasar ayer, se insiste en que debe caer la justicia contra los que actuaron en aquel sentido durante la gestión transitoria. Pero el talante de los discursos que solo enardecen a los opositores, parece no ser el más adecuado en un momento de tensión social como el que tenemos en la actualidad.

La violencia está despuntando en varias ciudades y los políticos, especialmente del oficialismo, deben saber que sobre ellos cae la mayor responsabilidad para evitarla. Por ahora, el diálogo y la posibilidad del debate no forma parte del lenguaje del partido gobernante, que se ha acostumbrado a utilizar, con demasiada frecuencia, términos beligerantes para imponer sus ideas. Y a eso suma su tendencia a sacar a las calles a organizaciones afines como los ayllus guerreros del norte potosino, al viejo estilo de los grupos de choque. En esa misma línea, en Cochabamba se ha denunciado que la opositora Resistencia Juvenil Cochala también estuvo actuando en este paro. En Santa Cruz y en Cochabamba, entretanto, la Policía desbloqueó sin miramientos, mientras los ánimos de los bandos enfrentados se caldeaban hacia la noche de ayer.

Preocupan los dislates del Gobierno y su propensión a echar leña al fuego cuando se necesita apaciguar los ánimos, en aras de la paz.

Esto, al parecer, recién comienza.