Medio: Opinión
Fecha de la publicación: martes 09 de noviembre de 2021
Categoría: Conflictos sociales
Subcategoría: Marchas, bloqueos, paros y otros
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La violencia se
desborda en Santa Cruz y Potosí donde grupos de choque salieron a desbloquear
las vías en el primer día del paro indefinido nacional contra la Ley 1386 de
Estrategia de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento
al Terrorismo.
La movilización y la
violencia coincidieron con el primer año de gestión del presidente Luis Arce
que también afrontó un momento conflictivo en el hemiciclo de la Asamblea
mientras emitía su informe.
La tensión sube y se
extiende hasta hoy en estas regiones que, según el reporte policial, tuvieron
más de 125 arrestados y aprehendidos, además de 10 heridos en los
enfrentamientos. Hay advertencia de radicalizar las medidas de presión.
Desde el Comité pro
Santa Cruz, denunciaron el ataque de la Policía y su benevolencia con grupos
que salieron en camionetas, portando petardos y palos, hasta los puntos de
bloqueo para contrarrestar la medida de presión bajo el argumento de que
quieren trabajar y respaldando al gobierno de Luis Arce. Lograron identificar a
miembros de la Central Obrera Departamental (COD) entre los encapuchados.
En Potosí,
denunciaron que el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de esa
región, Marcial Ayali (MAS), encabezó a grupos que intervinieron los puntos de
bloqueo. El ex líder cívico Marco Pumari también denunció que autoridades de la
Gobernación y alcaldías “financiaron” a los campesinos y dirigentes que
protagonizaron los hechos de violencia.
Más tarde el
gobernador Jhonny Mamani (MAS) llamó al diálogo y expresó su preocupación por
la confrontación que dejó varios heridos, entre ellos a trabajadores de la
prensa que cubrían los incidentes. A uno de ellos, Dilver Soria, le arrojaron
un petardo doblado para causar más daño y que al explotar le provocó una lesión
en la parte baja de la espalda.
El presidente de la
Asociación de Periodistas, Manuel Soux, acusó al presidente de la Asamblea
Departamental de encabezar un grupo acusando a la prensa de “vendida” y
“pitita”. Dijo que incluso se tumbó el equipo que usaba para la transmisión,
según publicó El Potosí.
La Defensoría del
Pueblo cuestionó la actitud de los grupos movilizados contra la prensa que fue
el blanco de la polarización y recordó que su labor está protegida por la
Constitución Política del Estado.
Por la noche, la Iglesia
católica suspendió la “Misa por la paz y la unidad” en la catedral para evitar
mayor violencia.
En Oruro también se
generaron momentos de tensión, donde sectores afines al MAS agredieron a un
profesional médico y en Tarija se concentraron en puntos estratégicos de la
ciudad para evitar los bloqueos.
ÚLTIMA CARTA
“Nos estamos jugando
nuestra última carta de dar un futuro diferente a nuestros hijos. Nos ha tocado
a esta generación defender el futuro de una Bolivia digna, incluyente, una
Bolivia grande”, dijo el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo
Calvo, anoche, tras anunciar el inicio de la segunda jornada de paro cívico en
el país.
A su vez, hizo un
llamado a las Fuerzas Armadas (FFAA) a protegerlos y a la Policía a dejar de
reprimirlos ya que se están manifestando en su “justo derecho”.
“A los militares que
están acuartelados en este momento decirles: maldito sea el militar que empuña
un arma contra su pueblo. Ustedes juraron defender a la patria, no juraron
defender un partido político, tiene que quedarles claro, nosotros exigimos,
como ciudadanos, la protección de ustedes, somos nosotros los que pagamos su
sueldo, somos nosotros los que protegemos la familia, ustedes son los
llamados”, afirmó.
También se dirigió
al comandante nacional de la Policía, coronel Jhonny Aguilera, a quien le dijo
que no le debe nada a un partido político sino a la sociedad y que debe
protegerla en lugar de detener a quienes piensan diferente. De continuar con la
represión, advirtió que pedirán su renuncia al cargo.
Instó además a la
ciudadanía a que intensifiquen su presencia en las rotondas para continuar con
el paro indefinido.
INSTRUCCIÓN
El viceministro de
Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, informó ayer que la mayor cantidad de casos
se registró en Santa Cruz, donde hubo más de 90 arrestos y aprehensiones.
En Cochabamba fueron
cerca de una decena, entre ellos, un miembro de la Resistencia Juvenil Cochala
(RJC) que tenía armas punzocortantes, gases y otro tipo de sustancias en una
mochila.
De los heridos, dijo
que los casos se registraron en enfrentamientos en una sede de las Bartolinas,
así como en algunas carreteras cruceñas y el Plan Tres Mil de la ciudad de
Santa Cruz.
La autoridad
gubernamental ratificó, sin embargo, que en ocho departamentos del país se tuvo
actividades económicas desarrolladas con total normalidad.
En el inicio de la
primera jornada de paro multisectorial, el viceministro de Régimen Interior,
Nelson Cox, informó que la premisa del despliegue policial es mantener la libre
transitabilidad y despejar los puntos de bloqueo que se identifiquen.
“Punto identificado,
punto desbloqueado. Estoy yo regulando este tema en persona.
Entonces,
identificando que algunos puntos en los que existe presencia de personas
vecinos, algunos que están generando estos niveles de restricción en cuanto a
la libre circulación, sin embargo, inmediatamente identificamos, inmediatamente
interviene nuestro continente policial”, dijo, según ERBOL.
LA SITUACIÓN
La ministra de la
Presidencia, María Nela Prada, aseguró que el paro indefinido convocado por los
comités cívicos es un fracaso, porque no logró paralizar las actividades
económicas del país.
“La economía no ha
parado y eso claramente lo han podido ver, lo han podido registrar”, dijo,
citada por ABI.
La autoridad estatal
indicó que la continuidad de las actividades económicas es un mensaje que el
pueblo da para ratificar que la “economía no para” porque necesita seguir con
su trabajo por la reconstrucción de la producción nacional.
En ese sentido, llamó
a la reflexión a los promotores de la paralización de actividades, porque,
dijo, en este momento no se puede actuar con tanta irresponsabilidad “con el
bolsillo de las familias bolivianas”.
Recordó que cada día
de paro hace que miles de familias no puedan llevar el pan a su casa y que la
economía nacional pierda 112 millones de dólares y rememoró que ya se tuvo un
impacto negativo durante los 21 días de paro de 2019 con un daño de más de
2.000 millones de dólares.