El primer día del segundo año del gobierno de Luis Arce ha transcurrido en medio de una fuerte tensión, tanto en las calles como en la Asamblea Legislativa, producto de una gestión que apuesta por la confrontación y la revancha.

El Presidente dio un discurso de dos horas y 20 minutos en el que se comparó con el gobierno transitorio de Jeanine Añez al que llamó “gobierno de facto” en 51 oportunidades, lo que muestra que el mandatario no abandonará su discurso de venganza y continuará gobernando con la mirada en el retrovisor.

El mandatario también destacó los avances en reactivación económica, en la gestión de la pandemia, reducción de la pobreza gracias al pago del bono contra el hambre y la justicia para las víctimas de la violencia política de 2019;  sin embargo, su discurso no fue escuchado por los legisladores, quienes se trenzaron en amagues de enfrentamiento, gritos, arengas y silbatos. Los opositores gritaban el consabido “fraude, fraude, fraude” y los oficialistas los acallaban con “Lucho, Lucho, Lucho”.

Duras críticas fueron lanzadas en contra de los legisladores por la bochornosa sesión;  sin embargo, ésta no se puede entender sin el contexto previamente generado por el MAS. Por un lado, en la sesión de la víspera, el oficialismo ha tomado por asalto casi toda la directiva de la Cámara de Diputados, pese a que el reglamento de debates establece cuáles deben ser los cargos para el bloque opositor. Y, para lograrlo, recurrió a la vieja táctica de comprar conciencias de algunos parlamentarios del bloque opositor, los que son llamados disidentes, pero que terminan alineados con la bancada oficialista a cambio de alguna que otra dádiva.

Pero, lo ocurrido en la Asamblea también es el reflejo de la confrontación que se vive en las calles. Diversos sectores del país convocaron a un paro indefinido, pero el MAS, para evitar la protesta,  tomó las ciudades del país con la Policía y con sus grupos de choque, situación que ha generado enfrentamientos con los bloqueadores en las ciudades de Santa Cruz, Cochabamba y Potosí.

Si bien el paro fue parcial y en algunas ciudades como La Paz prácticamente no ha sido acatado, la protesta no pudo instalarse por la arremetida oficialista.

Con esta actitud el Gobierno demuestra que es incapaz de respetar el derecho a la protesta y que no está dispuesto a escuchar a los sectores movilizados, ni siquiera a aquellos que se consideran afines, como los transportistas y los gremiales.

Entonces, aunque estas acciones no son para nada justificables, que nadie se sorprenda por los silbatos, que nadie se extrañe por los amagues de enfrentamiento en el hemiciclo. Todo tiene un por qué y ese por qué es atribuible únicamente al MAS.