En el mes de noviembre de 2019 Evo Morales renunció a la Presidencia después de una concatenación de hechos políticos. Un año después, en 2020, Luis Arce juró como nuevo presidente electo y otorgó un cierto grado de certidumbre por el apoyo alcanzado en los comicios nacionales; sin embargo, y otra vez, en noviembre de 2021, se prevé un potencial de conflictos sociopolíticos incentivados por un paquete de normas como efecto de decisiones del Gobierno central que generan incertidumbre política, malestar social y desincentivan la confianza en el discurso presidencial.

¿Por qué son recurrentes las escaladas de conflictos sociopolíticos entre los años 2019 y 2021 en Bolivia?

El MAS tiene predominio electoral territorial, pero ha perdido su hegemonía política nacional. Me explico. Su estructura partidaria es la primera fuerza política en procesos electorales nacionales y subnacionales. Desde hace más de una década gobierna en la mayoría de los municipios del país, los cuales se constituyen en recursos de poder para desplegar su discurso político y generar una coacción sicológica en sectores populares y colectivos indígenas originarios. Sin embargo, aún no puede establecer una articulación política entre el Estado y la mayor parte de la sociedad civil boliviana para orientar a los ciudadanos y dirigir el Gobierno con legitimidad (aceptación) a través de un marco de ideas y arquitectura normativa, por eso no es hegemónico.

Si entendemos que la política surge de la escasez, los conflictos y el deseo de habitar dentro de un entorno social predecible, el MAS aprovechó la escasez de propuestas alternativas de los partidos opositores al proceso de cambio en las elecciones de 2020 y, además, hábilmente reconoció como oportunos los conflictos generados por las políticas erradas del Gobierno transitorio de Áñez durante la primera ola de la pandemia para volver a tener predominio electoral; empero, su propuesta política de habitar en un entorno predecible ha quedado rezagada por las circunstancias generadas desde el seno de gobierno y, por ende, ha truncado su intención de volver a tener una hegemonía política nacional.

Los diversos sectores que iniciarían el paro nacional desde el 8 de noviembre: gremios de comerciantes informales, sindicatos de transporte, médicos, comités cívicos, universidades públicas, plataformas ciudadanas y Conalde, como forma de protestar contra el paquete de normas (Ley 1386 y proyecto de Ley 342), son una prueba fehaciente de que el MAS no sabe generar consensos en una sociedad abigarrada.

Lo preocupante es que el Gobierno, aprovechando su control legítimo sobre el monopolio de la violencia (Estado), azuza a las organizaciones populares y colectivos indígenas, que son la base de su predominio electoral, como forma de construir una trinchera ideológica y medir fuerzas con los grupos sociales movilizados que no necesariamente son opositores al partido gobernante, pero sí críticos con la pretensión de tener un control policiaco sobre la sociedad.

El malestar social causado por las decisiones políticas autocráticas e invasivas con la propiedad privada que tienen como trasfondo el control político de los actores políticos opositores, no tiene retorno, salvo que el Gobierno nacional, si pretende reconquistar su hegemonía política, proponga mesas de diálogo y consenso con los diversos sectores involucrados (oficialistas y opositores) antes de aplicar leyes impopulares.