La Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos ha elaborado el Informe, gestión 2020, sobre el Estado de la Justicia en Bolivia. La publicación especializada aborda la necesidad de la transparencia, la rendición de cuentas y la ética judicial, como elementos fundamentales para una correcta administración de justicia. También explora el vínculo existente entre la independencia judicial y la corrupción; la gestión judicial durante la pandemia del covid-19, identificando las medidas aplicadas por el Estado y las instituciones que intervienen en la administración de justicia; la situación de las mujeres víctimas de violencia y personas procesadas en cuarentena, y la situación de la población privada de libertad.

La organización ciudadana, desde su creación en 2015, ha venido impulsando procesos de monitoreo, veeduría, investigación, debate público e incidencia de manera constructiva tanto a nivel departamental como nacional de las diferentes entidades del sistema de justicia y penitenciario con el fin de lograr modificaciones y cambios profundos dirigidos a una reforma necesaria del sistema de justicia.

Se trata de una verdadera radiografía del sistema judicial en su tercera versión. El informe reconoce cierta apertura informativa, pero advierte que falta mucho camino por recorrer en este sentido. Sin embargo, insiste en el principio de máxima divulgación de la información judicial, ya que todas las personas tienen derechos a recibir información general y actualizada sobre el funcionamiento de los juzgados y tribunales sobre las características y requisitos genéricos de los distintos procedimientos judiciales.

El informe recomienda que los sitios en internet institucionales contengan la mayor cantidad posible de información sobre los diferentes procedimientos, tramitación de juicios, audiencias públicas y resultados, evaluación de desempeño, asuntos ingresados, resueltos y pendientes en cada periodo y órganos, como su duración, ejecución presupuestaria, etc.

La rendición de cuentas consiste esencialmente en el análisis y tratamiento de la información existente, por medio de: 1) la explicación del origen, uso y aplicación de los fondos a disposición de la administración de justicia; 2) la confección y aplicación de los indicadores relevantes de la gestión jurisdiccional y administrativa; 3) el control de la finalización de los procesos, tramitados con las debidas garantías y en un plazo razonable. Y recuerda que “sin transparencia, sin acceso a la información y sin rendición de cuentas no hay democracia, no hay un correcto ejercicio del poder, no hay un adecuado desempeño del servicio público, no hay ética pública”.

El informe sostiene que la corrupción quebranta la democracia, el Estado de derecho, porque por un lado, restringe la participación política igualitaria, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, entre otras. Igualmente impide que los derechos sociales puedan efectivizarse, agravando, además, la situación de desigualdad de los denominados grupos de atención prioritaria, como son los indígenas, migrantes, personas privadas de libertad, mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores, etc.

A tiempo de comparar el presupuesto general del Estado de las gestiones 2018, 2019 y 2020, establece que de ese total se asignó al judicial solo el 0,47%, el 0,49% y el 0,52%, respectivamente. Y concluye que el Gobierno no tiene la voluntad política para asignar al sector justicia recursos suficientes que le permitan satisfacer su propia demanda de servicios judiciales, menos llevar adelante una reforma estructural.

Con esta pobre asignación presupuestaria, el Estado boliviano no garantiza la independencia administrativa y financiera del Poder Judicial. La falta de provisión de recursos materiales y logísticos suficientes resulta determinante para la administración de una justicia independiente, imparcial y competente. El informe recomienda el tratamiento de una Ley de Acceso a la Información Pública, terminar con la provisionalidad de autoridades jurisdiccionales y personal de apoyo, así como trabajar en un Código de Ética Judicial, bajo estándares internacionales.

Con el objetivo de garantizar la independencia del Poder Judicial, se debe asignar un porcentaje fijo de por lo menos el 4% en el presupuesto general del Estado. La publicación permite conocer la problemática judicial, y plantea la necesidad de introducir políticas judiciales antes que sea demasiado tarde.