Medio: El País
Fecha de la publicación: lunes 08 de noviembre de 2021
Categoría: Conflictos sociales
Subcategoría: Marchas, bloqueos, paros y otros
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Bolivia vive
nuevamente un nuevo conflicto como los tantos que ya atravesó a lo largo de los
años. Esta vez, el descontento de algunos sectores es contra varias normativas
que el Gobierno aprobó y pretende aprobar, entre las que destacan dos en
particular: la Ley 348 del Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 y la
Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias
Ilícitas.
Ley 348
De acuerdo a la
oposición, esta ley vulnera las autonomías departamentales y universitarias.
Esta semana, las
bancadas de la alianza Creemos y Comunidad Ciudadana (CC) en la Cámara de
Diputados estuvieron en contra de esta norma por presumiblemente vulnera en
principio el reglamento de debates de esta instancia legislativa, además de
considerar atentatorio contra los intereses de diferentes sectores.
Según la denuncia
instalada, el documento no fue socializado con los gobiernos locales ni
departamentales.
Los legisladores
observan que este proyecto establece en su artículo 4 la obligatoriedad de su
cumplimiento a los cuatro órganos del Estado, el Tribunal Constitucional
Plurinacional (TCP), instancias de control y defensa de la sociedad y el
Estado, Entidades Territoriales Autónomas y universidades públicas.
Por su parte, el
Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) también exigió anular la
Ley 348, ya que considera que “pulveriza” a las autonomías y busca sostener la
narrativa de que hubo un “supuesto golpe de Estado”.
El Conade manifestó
su apoyo al paro previsto para este lunes e instó a la población a que
participe de manera masiva. También solicitó que las familias se aprovisionen
de alimentos este fin de semana. Denunció que el MAS aprobó esa ley sin análisis
ni socialización.
Ante esta situación,
el Movimiento Al Socialismo refirió que este plan de desarrollo va en beneficio
de los nueve departamentos del país y que la oposición estaría mintiendo.
“El Plan de
Desarrollo Económico y Social establece una inversión de $us 33.197 millones,
la más alta en las últimas décadas”, informó el presidente de la Comisión de
Planificación, Política Económica y Finanzas, el diputado Omar Yujra.
Explicó que, con esa
inversión, en los nueve departamentos del país se harán proyectos que emergen
de las cumbres para la “Reconstrucción Económica y Productiva” del Estado
Plurinacional, que se llevaron adelante durante los últimos meses.
Ley 1386
Respecto a la otra
ley, los gremiales volvieron a ratificar el paro indefinido desde este lunes y
descartaron que la medida de presión busque desestabilizar al Gobierno.
Así lo mencionó el
secretario ejecutivo de la Confederación Nacional de Gremiales de Bolivia,
Francisco Figueroa, quien indicó “yo creo que una movilización no va a ir a
desestabilizar un Gobierno, no, eso sería insólito. Ellos no tienen por qué
sacar una ley contraria al comercio minorista, contraria a otros sectores”,
afirmó a los medios.
“Todo está
ratificado exigiendo al Gobierno la anulación de la Ley 1386”, confirmó.
No obstante, en el
sector gremial existe cierta división sobre si acatar o no el paro, ya que la
secretaria general de la Confederación de Gremiales de Bolivia, Mavel
Machicado, informó que ese sector rechazaba el paro y, al contrario de
Figueroa, exhortó a las otras organizaciones a trabajar.
“Estamos trabajando
en una reactivación económica, por eso rechazamos cualquier tipo de
convocatoria a paros y, además, las personas que estarían convocando,
supuestamente del sector gremial, no son representantes legítimos ni genuinos”,
dijo.
El Gobierno viene
cerrando filas en su postura de no tocar la norma y, a través de sus
ministerios y aliados de movimientos sociales, descalifica la medida con
amenazas de sanciones a los que no acudan a sus fuentes laborales, de
intervenciones violentas en caso de bloqueo de carreteras e incluso de
amedrentamiento e intimidación hacia la población con un inusitado despliegue
de vehículos y personal militar a varias regiones del país, según denuncian
analistas y opositores.
Consenso
Varios analistas a
nivel nacional llamaron tanto a los promotores del paro como al Gobierno
nacional a evitar cualquier tipo de confrontación, más al contrario, llaman a
la concertación para que el diálogo prime en lugar del enfrentamiento entre
bolivianos.
Aunque reconocen que
consensuar todas las leyes es una tarea que daría lugar a una innecesaria
burocracia, también instan a crear escenarios de participación para justamente
tener canales de acercamiento cuando se pretenda aprobar una determinada ley.