La vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Rosario Baptista, denunció a través de una carta abierta que sufre acoso y persecución política en el ejercicio de sus funciones, además señaló que hay influencia partidaria “sobre la mayoría” de sus colegas elegidos hace dos años.

Baptista dijo que intentó corregir los defectos que existen en el sistema electoral y agotó “las vías institucionales para lograr el esclarecimiento real y definitivo de lo sucedido en la elección de 2019”.

Hace dos años, un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) alertó de la existencia de manipulación informática en los comicios en los que se postuló Evo Morales para ser reelecto presidente por un cuarto mandato.

“Además, he solicitado, de forma intransigente, información e investigación para responder a la población que expresó dudas sobre la integridad del padrón electoral. Estos deberes institucionales no han sido posibles de ser cumplidos, debido a la influencia política partidaria que se ejerce sobre la mayoría de los vocales elegidos”, expresa la misiva.  

“Afirmo categóricamente que, en el Órgano Electoral, por ser un órgano colegiado, las decisiones se toman en Sala Plena, y una parte de los vocales impide el cumplimiento de las obligaciones que determinan la ley y nuestros deberes hacia la ciudadanía, a la cual nos debemos. En mi caso, el precio por pretender actuar en base a la Constitución y la ley ha sido la persecución política, en lo interno, a través de procesos disciplinarios y acoso laboral, extensivo al personal de mi entorno; y en el ámbito externo, mediante denuncias penales y amenazas que ponen en riesgo mi mandato como Vocal del Tribunal Supremo Electoral, mis derechos civiles, mi integridad y seguridad”, señala Baptista.

Tras la destitución de los vocales del TSE, en noviembre de 2019, Baptista juró al cargo el 19 de diciembre de ese año junto con Óscar Hassenteufel, Daniel Atahuichi Quispe, Nancy Gutiérrez Salas, María Angélica Ruiz Vaca Díez y Francisco Vargas Camacho.

Salvador Romero fue elegido como representante presidencial en 2019 y renunció tras las elecciones subnacionales de este año. Entonces, el presidente Luis Arce eligió en ese puesto a Dina Chuquimia.

La autoridad fue amonestada en varias ocasiones por la Sala Plena y ha sido amenazada por varios legisladores del MAS. Baptista también cuestionó la constitucionalidad del artículo 67 de nuevo estatuto del partido gobernante que señala que todo funcionario público debe ser militante de esa fuerza política.