La Ley 1386 de “Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento al Terrorismo” es la principal causa por la que se está realizando el paro nacional de este lunes 8 de noviembre de 2021.

Varios sectores y gremios del transporte, médicos y hasta comerciantes informales consideran que la norma busca "imponer" un "totalitarismo económico y financiero". Por ello, buscan que la norma sea abrogada.

Cabe recordar que, el 11 de octubre de este año ya se realizó otro paro nacional en rechazo al Proyecto de Ley 218/2020-2021 “Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales”, por considerar esa norma atentatoria a los derechos de los ciudadanos. 

Con la medida de presión se logró que el órgano Ejecutivo la retire de la Asamblea Legislativa. No obstante, los sectores que se consideraron afectados por esa norma y otros que, de igual manera, se consideran perjudicados, también señalan que la Ley 1386 vulnera los derechos de los ciudadanos. Por ello, convocaron a un nuevo paro nacional.

Desde el Gobierno y el partido del MAS, han señalado que la Ley 1386 y otras normas que se han aprobado y promovido en el primer año de gestión de Luis Arce (que justo se cumple este 8 de noviembre) solo buscan cumplir con acuerdos internacionales y reactivar la economía nacional.

Otra ley que también ha generado malestar en el país es la Ley 342 del Plan de Desarrollo Económicos y Social 2021-2025 (PDES). Tanto alcaldías como universidades sostienen que vulnera los niveles de autonomía y la planificación realizada por estas entidades.  

En el país además existen otros conflictos más sectoriales que siguen sin resolverse del todo hasta el momento, como el que involucra a los trabajadores de Aasana (Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea), la entidad que administra los aeropuertos, que amenazan con un paro en caso de que no se cumpla con las deudas que tienen con los trabajadores.

De igual manera, marchistas indígenas del oriente boliviano también esperan desde hace más de un mes en Santa Cruz la atención de sus demandas. En salud, la semana pasada hubo paros en dos hospitales públicos por falta de insumos, medicamentos y materiales.        

Asimismo, no se ha desvanecido el pedido de "libertad para los presos políticos" y el "cese de la persecución judicial" en referencia al llamado caso "golpe de Estado" por el que está prisión preventiva desde hace siete meses la expresidenta interina Jeanine Áñez y otras exautoridades del gobierno de transición.