Medio: La Razón
Fecha de la publicación: lunes 18 de marzo de 2019
Categoría: Autonomías
Subcategoría: Autonomía Indígena
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La marcha de una parte de la nación Q’hara Q’hara ingresa este lunes a La Paz tras más de un mes de su partida en Sucre. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, denunció este lunes que la movilización es promovida por ONG que buscan apropiarse de tierras indígenas inclusive a través de ilícitos, un extremo que han negado dirigentes indígenas.
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Los movilizados, que desde el sábado pernoctaron en El Alto, demandan la restitución de sus Tierras Comunitarias de Origen (TCO) y el respeto al territorio indígena, originario, campesino.
Para el ministro de Gobierno, Carlos Romero, “los que están marchando se oponen a la titulación del 90% de Quila Quila”, una marca o poblado que es parte de esa nación y que residen en Chuquisaca, quienes no forman parte de la movilización.
“El problema es que Quila Quila se ha divido en dos bloques, unos que reivindican la titulación individual de la tierra y un abismal minoritario grupo que reivindican la titulación colectiva. Son 2.000 integrantes de los cuales 1.800 revindican la titulación individual”, explicó Romero.
Pero además explicó que el “modus operandi de esta gente” es crear “ayllus al interior de comunidades, enfrentar a la gente, provocar conflictos, a título de justicia originaria buscan despojar de su tierra o de sus bienes ya sea a personas de la comunidad o personas ajenas y a eso llaman justicia indígena y eso es una impostura, son unos impostores”.
Romero identificó a “Fernando Rada Arteaga, de la ONG Qhana Pukara Kurmi” como el artífice de la movilización, quien en su momento –denunció- se hizo pasar por pariente del actual viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, Alfredo Rada, para movilizar a la gente.
Asimismo, apuntó a “Ruth Alipaz, Paula Gareca y una fundación de María Loma”.
Para justificar sus denuncias, Romero recordó que Rada Arteaga formó parte de un conflicto en noviembre de 2018 cuando una anciana fue asesinada a golpes porque se negaba a entregar sus títulos a las autoridades comunales. También –añadió- defendió un crimen ocurrido en la Isla del Sol donde una ciudadana fue violada y asesinada a título de la justicia originaria.
“No sería extraño que quienes están marchando sean los responsables de estos dos asesinatos a título de justicia comunitaria”, inquirió Romero.
Los dirigentes de la movilización negaron este extremo. “Nosotros no contamos con ONG, más al contrario todavía nuestros alimentos naturales estaban abasteciendo, no requerimos financiamiento, nos auto sostenemos, primero hay que constatar, el ministro Romero tiene que demostrar”, dijo Mario Chincha, una autoridad originaria.
