No es la primera vez que el Vicepresidente hace este tipo de declaraciones. Lo ha sostenido en textos y lo ha insinuado en otros espacios, pero en la recurrencia o la falta de novedad no está el riesgo, sino que lo siga considerando como una posibilidad.

García Linera debería entender que ambos conceptos no son excluyentes. Para nada. Que los marginados participen más y mejor es uno de los objetivos de una democracia fuerte. Es algo que apoyan todos quienes buscan la recuperación plena de la democracia.

Esa situación no contradice el que deban construirse instituciones sólidas sobre las que se asiente el Estado de Derecho, es decir, el modelo político que establece que nadie puede estar por encima de la ley, que debe respetarse el debido proceso, que las minorías tienen que tener sus derechos protegidos, que se respeta la libertad de expresión, etc.

Es obvia la intencionalidad del Vicepresidente: instituciones débiles ayudan precisamente al plan de eternización en el poder y a que exista impunidad. Hasta ahora ese ha sido uno de los “logros” principales de la gestión, desde el punto de vista del Gobierno. Gracias a esa debilidad, el MAS logró que se anulara el voto popular expresado en el referéndum del 21 de febrero de 2016.

La debilidad de las instituciones también hizo que este año fuera el TSE el que ratifique esa decisión de la justicia para que los dos candidatos puedan seguir con su postulación. Hay más: dominar a la Fiscalía General, otra institución débil, le garantiza al Gobierno tener un arma de persecución a los opositores o montar casos como el del Hotel Las Américas.

Esa Fiscalía, además, hace que ninguno de los actos irregulares de las autoridades sea apropiadamente investigado. Por ejemplo, ha pasado sin sanción un hecho gravísimo, como que funcionarios del Gobierno hubieran prestado sus computadoras a los abogados chilenos en el juicio contra Quiborax. Tampoco se ha investigado, gracias a la debilidad institucional que pregona, y promueve, García Linera, el hecho de que, pudiendo haber pagado tres millones de dólares a esa empresa, se hubiera terminado pagando 42,6 millones de dólares. Para todo eso sirve que no exista un “apego religioso a las instituciones”.