A través de un breve comunicado, el TSE señala que “ante la denuncia interpuesta por el Sr. José Carlos Gutiérrez Vargas contra el MAS IPSP, por la supuesta difusión de estudios de opinión, el Tribunal Supremo Electoral (…) comunica que la denuncia realizada no versa sobre las candidaturas para las Elecciones Primarias que se encuentran en actual curso”.

Agrega que en ese entendido, “la sala plena del Tribunal Supremo Electoral no tiene competencia para pronunciarse ante denuncias sobre estudios de opinión que no estén vinculados con el proceso de elecciones primarias, por tanto, no corresponde realizar la fiscalización  sobre lo planteado en la denuncia”.

El diputado que interpuso la denuncia declaró que “no creo que haya sido necesario esperar 26 días para emitir un comunicado”. “Eso dice mucho del contenido de esta denuncia, puso al TSE en figurillas”, dijo.

Gutiérrez afirmó que aún no fue notificado  por el órgano electoral y no conoce los fundamentos legales por los cuales el TSE se declaró incompetente. “Este es un cheque en blanco que se entrega al MAS para que siga  despilfarrando nuestro dinero,  beneficiando a un binomio que se burla del país”, denunció.

El comunicado también se hizo público después de transcurridos cuatro días de que el Tribunal  Electoral  anunciara que resolvió  la denuncia sobre la difusión de la encuesta. 

“Ya fue definida (la denuncia). La resolución está corriendo firmas y se publicará inmediatamente se concluya el acto”, comunicó el pasado viernes Antonio Costas, vicepresidente del TSE.

Por la difusión de  una encuesta de intención de voto,  que favorece a Morales, el diputado solicitó la inhabilitación del binomio Evo-Álvaro, además de la cancelación de la personalidad jurídica del partido oficialista.

 El 10 de enero,  la ministra de Comunicación, Gisela López, admitió que el Gobierno pagó esa publicación, aunque la autoridad sostuvo que aquello “no viola la norma electoral”. 

   La Ley de Régimen Electoral, en su artículo 135,  establece que está prohibida la difusión de estudios de opinión que hayan sido encargados o realizados por entidades estatales de cualquier nivel o financiados con fondos públicos, salvo los realizados por el Órgano Electoral,  a través del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático.

El diputado masista Lino Cárdenas aseguró que la publicación de la encuesta “es legal”, porque no hace referencia a las elecciones primarias, sino a los comicios generales de octubre de 2019.