Las acusaciones son mutuas, entre la administración del Parque Nacional de Torotoro (PNT) y el Gobierno Autónomo Municipal, por la administración de los recursos del Sistema de Cobro (Sisco), es decir, por los recursos económicos que genera el Área Protegida.

Este sábado, un grupo de 200 personas a la cabeza del Comité de Gestión y "comunarios ajenos" al parque tomaron y tapiaron las oficinas de la dirección del PNT y empezaron a cobrar directamente la entrada al parque, un hecho totalmente "ilegal", declaró a ANF el director, Hermis Quintana.

"La manzana de la discordia es el cobro del Sisco, por concepto de la afluencia turística", sostuvo Quintana, y denunció al Comité de Gestión y a la Alcaldía por la toma. "Han realizado su cabildo, han involucrado a gente y comunarios que están en la zona de amortiguación fuera del Área Protegida", sostuvo Quintana.

El alcalde del Gobierno Autónomo Municipal, Eliodoro Uriona, confirmó la toma, pero dijo que fue producto de un cabildo, porque la población rechaza "la inoperancia, burla y conducta abusiva del director del Área y la manifiesta ilegalidad de la Unidad Central del Sernap, que viene confiscando los recursos por ingreso de turismo al Parque desde hace más de dos años, amparada en Resoluciones Administrativas nulas de pleno derecho".

Reconoció que se trata de una medida "ilegal", sin embargo, manifestó a ANF que pretenden llamar la atención de las autoridades nacionales para resolver su demanda, es decir, que la administración de los recursos del Sisco retornen al municipio. "Evidentemente es ilegal lo que el Comité de Gestión está haciendo", reconoció. 

Explicó que buscan que las autoridades les escuchen porque consideran que no es justo que el Sernap reciba el 100 % de los recursos, sin que se conozca una rendición de cuentas y una reinversión en el Parque.

"Han tomado las oficinas del parque pacíficamente, no hay robo como ellos mencionan. Solo se ha tapiado las oficinas del Parque y el Comité de Gestión hace el control sobre los ingresos de turistas", señaló Uriona.

Hasta el 2016, las recaudaciones eran administradas en un 50 % por el PNT y el otro 50 % por la Alcaldía, sin embargo, a partir de 2017 la situación cambio, a través de una Resolución Administrativa se definió que el 100 % de los recursos iban al Sernap y luego al Parque.

Quintana asegura que la totalidad de los recursos recaudados vuelven al Área Protegida; pero el alcalde, Eliodoro Uriona, rechaza esta versión y asegura que las recaudaciones entre 2017 y 2018 alcanzaron a más de 2,6 millones bolivianos los que no se reinvirtieron en el área.

Uriona sostiene que ni siquiera las 11 comunidades que están dentro del PNT se benefician de estos recursos económicos. "Todos estos recursos que han sido administrados por el Parque no han rendido cuentas, ha pasado cinco años y se ha juntando más de 2.600.000 bolivianos", denunció.

Los recursos que se recaudan se distribuyen en el pago a Impuestos Nacionales, 15 % para un fideicomiso, 10 % a Gestión de Riesgos, el 25 % retorna a las comunidades para ejecución de proyectos turísticos o productivos, y el 50 % sería para la gestión del área protegida.

"Prácticamente los recursos se quedan en el PNT, el área tiene personal, tiene gastos operativos, actividades de conservación y preservación", dijo Quintana, al precisar que un 25 % se destina a un Fondo Social, para un "emplazamiento de un proyecto" de Bs 840.000.

El alcalde Uriona sostuvo que el Gobierno Autónomo Municipal es la principal entidad que promociona el PNT, sin embargo, no sucede lo mismo con el Sernap y la administración del Parque, pese a que reciben las recaudaciones.