“Mérida fue suspendido de forma legal y  no existe otra instancia a la que pueda recurrir para cambiar eso. Con esto se estaría dando la estabilidad a Quillacollo”,  dijo el presidente del órgano deliberante, Víctor Osinaga (MAS), a tiempo de precisar que la primera sentencia del TCP es la 498/2018.

El documento ratificó la determinación del juez Elvis López, quien el pasado 8 de junio instruyó que se aleje temporalmente a Mérida a solicitud del ciudadano Álvaro Zamorano que interpuso una acción de cumplimiento de sentencia en primera instancia por la presunta falsificación del certificado de libreta militar de la autoridad suspendida.

En tanto, el alcalde suplente Zacarías Jayta (FPV) expresó que el segundo dictamen 512/2018 resolvió también revocar la resolución del  13 julio de la juez Olma Rojas que restituyó  a Mérida.

Tras explicar los detalles de los veredictos, las autoridades municipales indicaron que trabajarán de forma coordinada para atender las necesidades de la población y llamaron a la unidad de los diferentes sectores.

En tanto que Mérida ratificó que  demandará al Estado boliviano ante la  Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y al Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas por la vulneración de sus derechos fundamentales.

“La ley establece que sólo puedo ser suspendido si tengo sentencia condenatoria ejecutoriada. Es ilegal lo que hicieron porque yo no tengo ningún impedimento para ejercer mis funciones”,   sostuvo.

Al respecto, el asesor legal de la Alcaldía,  Milton Escobar, señaló que no se vulnera derechos debido a que el burgomaestre continuará cobrando su sueldo y que la suspensión es temporal hasta que el TCP se pronuncie sobre  la sentencia de tres años y seis meses de Mérida.

El plan maestro y el playón de Marquina son los problemas que se continúan arrastrando en Quillacollo. Jayta mencionó que se trabajará en la solución de estos problemas y otros. Sin embargo no detalló la situación de los mismos ni mencionó  qué acciones asumirá.

El presidente del Comité Cívico, Iván Herrera, afirmó que esperan reunirse el viernes con las autoridades municipales para definir qué se hará con los predios del playón, porque en el lugar persisten  los loteamientos.

“El Tribunal se parcializó y ratificó el golpe municipal en Quillacollo”, dijo Mérida.

DEMANDA INTERNACIONAL

El abogado constitucionalista, José Antonio Rivera, manifestó que lograr una respuesta en la vía internacional para el alcalde suspendido Eduardo Mérida demoraría varios años y aclaró que la demanda en todo caso no modificaría el fondo de las sentencias emitidas por el TCP.

“Un proceso internacional en la CIDH toma su tiempo, porque primero hay cientos de ciudadanos en espera y  una vez que es admitido existe un plazo para que el Estado presente sus descargos”, explicó. Sin embargo, Mérida indicó que pese a las circunstancias presentarán los recursos necesarios ante organismos internacionales porque está convencido de que los fallos del Tribunal avalan un golpe municipal y  fueron elaborados arbitrariamente.